jueves, octubre 13

Cumbre iberoamericana, por Felipe González

Cumbre Iberoamericana: debatir sin prejuicios el futuro
El País
En la organización futura de las cumbres hay un hecho nuevo que podemos saludar como una bendición: Enrique Iglesias, después de una larga trayectoria política, con su experiencia acumulada y con el conocimiento más preciso y lúcido de la región, se ha hecho cargo de la recién estrenada secretaría. La conoce como una realidad viva y diversa, llena de potencialidades por explorar para enfrentar los desafíos del desarrollo en la globalización. Si tiene el respaldo que necesita puede contribuir a definir objetivos comunes, aclarar propuestas y crear una nueva dinámica para todos y en beneficio de todos.
Desde la primera que celebramos en Guadalajara (México), allá por el año 1991, hasta la de este año en Salamanca, se han generalizado los sistemas democráticos. Sin embargo, la dificultad para encontrar procesos de crecimiento sostenido con una redistribución más justa del ingreso, muestra la cara negativa del proceso. Naturalmente hay excepciones a la regla en ambos casos, pero la regla cuenta para comprender la percepción que los ciudadanos tienen de este periodo histórico en la región.
Se habla de "fracaso de la democracia" para dar respuesta al desafío del desarrollo económico y social, aunque no fracasa la democracia sino la política. La democracia no garantiza de por sí el buen gobierno, pero permite que cambiemos los gobiernos que no nos satisfacen en su desempeño. A largo plazo siempre produce efectos positivos, porque los políticos sometidos al escrutinio de los ciudadanos tienden a mejorar sus prestaciones.
Se han intentado reformas económicas liberalizadoras y privatizadoras, en sucesivas oleadas a lo largo de los 90, con aciertos y fracasos. También se han vivido oleadas de inestabilidad política, por fortuna sin el acompañamiento dramático de las involuciones golpistas, aunque con consecuencias muy severas sociales y económicas.
En el trasfondo de la inestabilidad y de las convulsiones sociales podemos ver cómo la riqueza ha crecido escasamente, casi en los mismos términos que la población, pero la distribución del excedente de ese crecimiento es peor que antaño. Éste es el elemento básico de la frustración ciudadana que ve alejarse en el horizonte, periodo tras periodo, las expectativas de mejora de sus condiciones de vida y que coloca a la región en cabeza de la desigualdad en el mundo.
La política tiene que aprender de la prueba y error, corregir el rumbo para buscar caminos de respuesta para evitar esta frustración creciente. Ni el populismo -de izquierdas o de derechas- ni el fundamentalismo neoliberal han servido para enfrentar los desafíos con éxito. Deberíamos añadir que los discursos políticos son los que menos cambian en un mundo cambiante a velocidad vertiginosa. Siguen tendiendo al antagonismo sin concesiones, desde posiciones previas, con prejuicios viejos, que impiden encontrar la senda del entendimiento en la definición de los intereses nacionales que deberían ser parte de amplios consensos.
Existe un problema de más y mejor democracia -lo que ahora llamamos calidad democrática- y de proyectos políticos consistentes para estimular el crecimiento económico con empleo. Para hacerlos sostenibles hay que aprovechar la energía, desarrollar las infraestructuras físicas, construir vivienda accesible y, sobre todo, cuidar la variable estratégica más importante para enfrentar el futuro: la educación y la salud de la gente.
Mejorar la eficiencia de la democracia no es, sustancialmente, un problema de costes, sino de voluntad política y de acuerdos, pero si no se hace no tendremos instrumentos para el desarrollo. Aún más, el aparato burocrático se convierte en lastre para el ejercicio de la libertad con seguridad y para el impulso de las iniciativas generadoras de riqueza.
Los sistemas democráticos, con excepciones, son poco incluyentes. La participación de las mujeres -más de la mitad de la población- es muy escasa en los puestos de responsabilidad, representativos y de designación, lo que desperdicia una parte sustancial del capital humano de la región. La exclusión por distintas vías de sectores amplios de la población es también una evidencia, como ocurre con la población indígena. Limitaciones no justificables para ser elegible, por titulación universitaria, o por edad, en sociedades con una pirámide poblacional muy joven o con escasas posibilidades de acceso a cualquiera a una educación superior contribuyen a la exclusión. El coste de la política, particularmente de las campañas, es, asimismo, un mecanismo de exclusión de mayorías. La distancia entre la condición de elector y elegible tiene que tender a reducirse si queremos el compromiso de todos con la democracia.
Muchos sistemas electorales parecen pensados para generar inestabilidad o para exigir pactos truculentos que dificultan la gobernanza. Se dice que el problema es el presidencialismo, aunque lo dudo. El problema suele ser que los presidentes electos tienen respaldos muy exiguos en los parlamentos, excesivamente fraccionados, y se producen choques insalvables de legitimidades democráticas en el desarrollo de las funciones ejecutivas y legislativas.
La seguridad física y la seguridad jurídica son elementos esenciales para el ejercicio de las libertades cívicas. Es imposible sentirse libres si la criminalidad organizada se extiende como amenaza constante para nuestra libertad de movimientos. Es difícil desenvolverse como ciudadanos si las leyes se interpretan o aplican con arbitrariedad o son incomprensibles y complejas para la mayoría. En este terreno también se necesitan reformas que implican acuerdos o consensos más allá de la posición que se ocupe en el espectro político o la representación que se ostente. Libertad con seguridad es una necesidad que exige un funcionamiento policial y judicial de mayor eficiencia. Más si se considera que justificación primera y última del Estado es garantizar este binomio.
Simplificar trámites y hacer transparentes las cuentas y las acciones públicas significa poner a las administraciones al servicio real de los ciudadanos. Ahorra dinero, evita corruptelas e impide que el monstruo burocrático se alimente de sí mismo y de la sociedad en lugar de servirla. No confundir el ejercicio imprescindible de la autoridad con el autoritarismo del que partimos es un paso decisivo en la madurez de la democracia.
Reformas políticas que per-mitan decisiones estratégicas en el terreno de la economía, con una fiscalidad que estimule el crecimiento con empleo y redistribuya ingreso mejorando servicios básicos de educación y salud. Si la fiscalidad es sólo recaudatoria, sin priorizar los objetivos nacionales para el desarrollo económico y social, tiende a distorsionar la inversión y la creación de riqueza.
Los acuerdos nacionales deberían hacer posibles políticas de medio y largo plazo para el desarrollo de las infraestructuras físicas, con frecuencia de carácter regional supranacional, para eliminar cuellos de botella al crecimiento sostenido de la economía. Se dice que en la región hay poco ahorro para este esfuerzo necesario, pero lo que ocurre es que hay poca capacidad de ahorro público y parte del ahorro privado -que sí existe- no encuentra cauces para proyectarse hacia inversiones en las infraestructuras.
Imaginemos Estados democráticos que mejoren la seguridad de los ciudadanos y faciliten sus iniciativas; que atiendan la educación y la salud básica de los ciudadanos y que ejerzan su capacidad regulatoria para atraer al ahorro privado y para canalizar el ahorro social hacia el desarrollo de las infraestructuras de carreteras, puertos, aeropuertos, agua y vivienda. Importaría menos que sus recursos públicos se concentraran en las funciones señaladas porque serían capaces de combinar lo público y lo privado al servicio del país y de la región.
Consideración aparte merece la energía, como variable estratégica para el desarrollo nacional y regional y para la relevancia internacional. En esta parte del continente hay energía de sobra, de la que no es renovable y de la renovable, pero está infrautilizada en algunos casos o no ha sido útil para el desarrollo social y económico de los pueblos. Poco importa si la explotación de los recursos es pública o privada, que ambas cosas son posibles. Lo que importa es que se proyecten a favor de los ciudadanos. Ni siquiera se trata del reparto de esa riqueza, en muchos casos no renovable, sino de su utilización para crear una fuente de riqueza permanente para las sociedades iberoamericanas.
El continente está lleno de potencialidad. De nuevo existe una etapa en que es previsible el crecimiento económico y también el mantenimiento de precios interesantes para materias primas abundantes y de valor estratégico. ¿Sería posible debatir serenamente, sin prejuicios, sobre el presente y el futuro de la región? Los actores están juntos. La obra puede dar comienzo.

miércoles, octubre 12

Entrevista a Jorge Arrate, El Mostrador

Candidato a senador por la IV Región, Jorge Arrate: 'Después de las elecciones el PS debe abrir diálogo con el PC' por Susana Jaramillo
El ex ministro del Trabajo y de Educación califica de positiva su campaña parlamentaria en la circunscripción de Coquimbo y La Serena. No obstante, condena que la postulante de la UDI, Evelyn Mathei, tenga un comportamiento agresivo a la hora de discutir temas de fondo. Y en la política grande llama a acumular más fuerzas en la Concertación para ''aislar y reducir a la derecha''. Hace unos pocos días, el candidato a senador por la Cuarta Región, el socialista, Jorge Arrate, fue proclamado en La Serena, en un acto en el cual participó no sólo el presidente de su partido, Ricardo Núñez, sino también el jefe de la campaña parlamentaria del PPD, Jorge Schaulsohn. Según Arrate, esto demuestra una vez más que el conflicto de la Sexta Región entre ambos partidos está sólo concentrado allí y que en el resto del país el bloque progresista está actuando de manera unitaria. También hace una positiva evaluación de su campaña; sin embargo, critica la actitud que ha sostenido durante estos días la candidata a senadora de la UDI, Evelyn Matthei. A su parecer las “artimañas” que está utilizando la parlamentaria díscola en la campaña demuestran que la derecha está complicada, porque en estas elecciones no puede tener un buen resultado y es posible que la Concertación logre doblar en cuatro circunscripciones. En cuanto a la posibilidad de crear un Partido Por el Progreso, para el ex ministro del Trabajo no es el momento de discutir esta materia. No obstante, se muestra plenamente partidario de que el PS –después de las elecciones de este 11 de diciembre- inicie un diálogo con los comunistas y las fuerzas que integran el Pacto Juntos Podemos Más.
-¿Cuál es la evaluación que hace de su campaña parlamentaria hasta el momento?
-Yo tengo una evaluación muy positiva. Estoy trabajando directamente con los candidatos a diputados Marcelo Díaz, Adriana Muñoz y Francisco Encina. En cuanto a mi relación con el compañero de lista, el candidato de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, mi campaña está centrada en que la Concertación gane los dos senadores en esta región, de modo que se trata de sumar votos para doblar a la derecha, ya que, gracias al sistema binominal que dejó Pinochet, la UDI y RN se parapetan en un tercio de los votos y así pueden lograr más representación. Entonces, aquí se dan todas las condiciones para que podamos duplicar a la derecha, y que, en definitiva, en la Cuarta Región no sólo haya un senador demócrata cristiano sino que también uno de izquierda, como en el pasado siempre fue.
-¿Cómo ha sido la relación con la candidata a senadora de la UDI, Evelyn Matthei?
-Estamos en estos días en un polémica bastante fuerte con esta señora sobre temas de fondo, que trato de mantener con altura; sin embargo, con ella parece que no es fácil y además hubo una grave denuncia formulada por dirigentes de la campaña de Michelle Bachelet, señalando que hay activistas de Matthei que le aseguran a los habitantes de Choapa que esta militante de la UDI es partidaria de la abanderada oficialista con el objeto de engañarlos y así conseguir su voto. Si esto es efectivo a mí me parece muy serio y espero que la señora Matthei se encargue de aclarar públicamente esta situación.
-¿La derecha estaría demostrando con este tipo de estrategia que está muy complicada en la Cuarta Región?
-Yo creo que la derecha está muy complicada en todo Chile. Aquí se está dando un cuadro en que la Concertación tiene una gran opción de doblar en las regiones Duodécima, Octava, Santiago Poniente y en la Cuarta. Si nosotros logramos sacar dos senadores en cuatro regiones vamos a lograr tener en el Senado el quórum necesario para derrotar el sistema binominal y las leyes electorales que dejó vigente la dictadura de Pinochet y que no han podido derogarse.
-¿Si llega al Senado cuáles serán sus propuestas como legislador?
-Las voy a anunciar en breve porque tengo un diálogo muy intenso con los especialistas y organizaciones sociales de la zona. Entonces de aquí a un par de semanas yo voy a fijar prioridades en mi eventual función legislativa. Voy a señalar un cierto número de compromisos nacionales y regionales que voy a asumir.
”El PS debe iniciar un diálogo con la izquierda extraparlamentaria”
-¿Cómo se recomponen las relaciones al interior de la Concertación, después de estas elecciones, porque mucho se ha hablado de formar un Partido Por el Progreso?
-Yo creo que no es el momento de discutir esos temas, aunque tengo un criterio general sobre esta materia. Para hacer las modificaciones en orden a que el país se transforme en un Chile más justo y más democrático necesitamos más fuerza de la que acumula la Concertación. Yo soy partidario que el oficialismo se abra a un diálogo positivo, constructivo con los sectores de izquierda que están fuera del Parlamento y comience a construir una relación política que permita en el futuro enfrentar los desafíos electorales y nacionales, por lo menos con ciertas bases comunes. Ese es mi criterio general. Repito: yo estoy porque acumulemos fuerza para aislar y reducir a la derecha.
-¿Usted cree que es factible integrar a los comunistas no sólo a través de un pacto electoral sino que con proyectos e ideas asumidas en conjunto?
-Yo no veo por qué razón la Concertación no ha sido capaz de establecer diálogos con el Partido Comunista y con las fuerzas que agrupa el Juntos Podemos para buscar puntos de coincidencias. Se trata de fuerzas democráticas que respetan estrictamente las disposiciones legales vigentes y que de manera absolutamente injustas han sido excluidas del Congreso durante 15 años. Es un deber moral tanto nuestro, de los socialistas, como de la línea progresista de toda la Concertación, establecer un diálogo con estos sectores, aunque esto no signifique necesariamente concordar pero si buscar los puntos comunes para ir construyendo formas de colaboración que permitan en Chile unir a todos los sectores populares contra la derecha.
-¿Ese diálogo debería instalarse desde el próximo año, cuando llegue un eventual cuatro gobierno de la Concertación?
-Esto debió haberse hecho hace mucho tiempo y ante eso no me explico por qué para estas elecciones no se concretó un acuerdo electoral. Yo he sido partidario desde siempre de esto y lo seguiré siendo. De modo que tan pronto los partidos terminen sus tareas electorales, hay que plantearse este tema y abrirse los canales de diálogos, ya que esto no compromete a nada, no significa concesiones sino que abrir las puertas para compromisos que sean de valor para el país.
-¿Y esto debe hacerse en el marco de un Partido Por el Progreso?
-Eso no lo he pensado. Soy socialista hace 42 años y pienso desde mi partido, y es de allí donde yo planteo mis propuestas y mantengo un diálogo político intenso.

martes, octubre 11

Modernización constitucional, por Francisco Zúñiga

El horizonte que hoy asumimos, cerrada en lo formal la transición política con esta reforma constitucional, es la asunción futura de una nueva Constitución de origen democrático o una reforma de “segunda generación”.
El sistema social y económico que la Constitución consagra y que es herencia perdurable de la refundación autoritaria del capitalismo en Chile, se mantienen en gran medida porque se han aceptado reglas de una economía de mercado en que las diferencias son de matices, matices que resultan importantes las más de las veces, especialmente cuando entran en tensión la subsidiariedad y la solidaridad como principios rectores de la ingerencia estatal en la economía y la sociedad civil. Por ello, la mirada o aproximación de futuro a la reforma constitucional invita a una apertura del techo ideológico de la Constitución y a un enriquecimiento de ésta por el aporte de un constitucionalismo democrático y social, que se aquilata en los valores y principios de la solidaridad y de un Estado social (...) Estos valores, principios y nuevos derechos constitucionales se erigen en verdaderas directrices de los poderes públicos para desarrollar una actividad promocional y prestacional, que concilie libertad civil y política con igualdad material.
Con todo, el consenso necesario en torno a las reformas políticas fue posible gracias a que el principal “cuello de botella” (sistema electoral, en particular el binominalismo en las elecciones parlamentarias), en la reforma fue trasladado al dominio del legislador orgánico, pero con un quórum calificado para esta legislación (...) reincidiendo en esta modalidad de amarres institucionales, probablemente inspirado en una razón de realismo político, que no hace sino postergar sine die el debate acerca de la fórmula electoral adecuada para conciliar gobernabilidad y participación.
Este debate en torno al sistema electoral público y la fórmula electoral en materia de comicios parlamentarios debe ser un tema de debate público, que dé cuenta de los déficit del binominalismo, no sólo derivados de su origen autoritario en cuanto a “amarre o enclave”, sino de las distorsiones que genera en la participación ciudadana (variables demográfica y geográfica) de sobre o subrepresentación, forzando la competencia bipolar (al no lograr el bipartidismo) de alianzas o pactos, y trasladando al interior de las alianzas o pactos la competencia político-electoral con exclusión de las minorías. Todo ello redunda en un deterioro de la calidad de la política, envejecimiento del padrón electoral y un empate político, que genera la imposibilidad de un debate público y democrático de los grandes temas que se resuelva institucionalmente.
El saldo pendiente de la reforma constitucional antes reseñado son temas que constituyen un acerbo valioso para una teoría de un constitucionalismo democrático y social y para la cultura jurídica y política, a lo que sumamos los temas de futuro. Con ello, aspiramos a contribuir a superar una cierta deuda en cuanto aporte a la cultura jurídica del constitucionalismo democrático y social, del cual somos en gran parte responsables. En efecto, históricamente el progresismo, en particular, adolece de una cierta “anorexia” en el campo de la cultura jurídica.
A temas como el reconocimiento de pueblos indígenas, cultura, lengua y tradiciones, recepción de la cláusula de estado social y democrático de derecho, nuevos mecanismos de participación directa de la ciudadanía como el referéndum, iniciativa y revocatoria, instauración de un consejo económico y social, creador de un defensor del pueblo o del ciudadano para una mejor protección de los derechos humanos en particular frente a la administración y empresas de servicios públicos y mejor tutela de derechos mediante una cláusula antidiscriminación y un amparo constitucional extraordinario ante el Tribunal Constitucional, se suman otros temas de futuro, verdaderas ideas fuerza, que deben ser propias de la teoría-praxis del constitucionalismo democrático y social.
En la nueva justicia constitucional es uno de los contenidos sustantivos de la reforma. Es sabido que el Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución es un estado de derecho, por lo que su integración debe gozar de la mayor legitimidad democrática indirecta posible y sus miembros de la mayor calificación profesional. Por ello, la reforma recompone el tribunal (...) Los miembros del tribunal conservan su estatuto asegurándose su régimen de prohibiciones, en razón del crecimiento notable de su competencia. Ésta última es reforzada en el campo del control abstracto, preventivo, facultativo o preceptivo de las normas (los tratados internacionales, los proyectos de ley, los reglamentos de ejecución y autónomos) y ampliada al control de constitucionalidad de autos acordados de tribunales superiores de justicia, tribunal calificador de elecciones, heterocomposición de “contiendas de competencia” o conflictos de jurisdicción entre autoridades políticas o administrativas y tribunales de justicia que no corresponden al Senado y también a la acción de inaplicabilidad y cuestión de inconstitucionalidad.
Una muy especial mención requiere el nuevo control concreto, represivo, facultativo vía acción de inaplicabilidad, y el eventual control vía cuestión de inconstitucionalidad, de oficio o vía acción pública. En el primer caso, la sentencia estimatoria tiene efecto personal inter pares y su contenido es inconstitucionalidad - inaplicación, y en el segundo tiene efecto personal erga ommes y su contenido es inconstitucionalidad - anulación. Es decir, el control concreto es una tremenda herramienta de examen de constitucionalidad y depuración de normas, que concentra y monopoliza el contencioso constitucional en el TC, poniendo fin a la posibilidad de un sistema difuso de control o el empleo de la casación como herramienta (...).
Cabe destacar que en la aproximación o mirada de futuro, inspirada en una teoría - praxis de constitucionalismo democrático o social, nos debemos hacer cargo de una cierta “insularidad” que aqueja a nuestro derecho constitucional en particular y a nuestra cultura jurídica en general, sobre los temas de integración y globalización y que cristalizan en una Constitución y una cultura jurídica anticuada. Por ejemplo, nuestro Tribunal Constitucional declaró en 2003 inconstitucional ciertas disposiciones del Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional, fundado en que dicho tratado establecía una delegación de potestades soberanas, que se opone a la unidad o indivisibilidad de la soberanía del Estado, lo que trasunta, amén de razones doctrinarias, una mirada anticuada o decimonónica acerca del valor de los derechos humanos en el mundo de hoy. Ello hace necesaria una nueva mirada desde la Constitución a la globalización, que no sólo concierne a la lex mercatoria sino a la protección internacional y supranacional de los derechos humanos. Esta nueva mirada debe cristalizar en las reformas de “segunda generación” para hacer posible una efectiva globalización.
El horizonte que hoy asumimos, cerrada en lo formal la transición política con esta reforma constitucional, es la asunción futura de una nueva Constitución de origen democrático o una reforma de “segunda generación”, que incorpore entre otros los aportes de la teoría - praxis del constitucionalismo democrático y social, que mire al perfeccionamiento de la república democrática, la conformación de un Estado regional y la organización de un estado de derecho y nuevos derechos, asumiendo en la edificación del orden político estatal como decisión básica, la fórmula del estado social y democrático de derecho.
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Síntesis de “Chile 21 reflexiona al Chile del XXI, Tomo II. Desarrollo Democrático”.
(Ediciones Chile 21)

miércoles, octubre 5

Distribución del ingreso: el invitado de piedra, por Alexis Guardia

Cada cierto tiempo, y entre medio de los aplausos por el buen comportamiento como alumno “bien” globalizado, le es recordada a la economía chilena su mal comportamiento respecto a la distribución del ingreso. Hace dos años fue la OCDE en su informe sobre Chile se afirmaba que “Chile tenía una de las distribuciones de ingreso más desiguales entre las economías emergentes”. A ello respondió el ministro de Hacienda, frente a una reunión empresarial, que ciertamente la distribución del ingreso en Chile “era una vergüenza”. Hace pocas semanas el Banco mundial publicó su último informe de Desarrollo mundial 2006 y allí se establece que Chile aún esta dentro del grupo de naciones con la peor distribución de ingreso del mundo.
Por otra parte, las autoridades eclesiásticas pusieron en el reciente Tedeum una reflexión importante al hablar sobre “la escandalosa mala distribución del ingreso y, fruto de ello, también de la riqueza”. Definitivamente el tema de las desigualdades existentes en nuestra sociedad y en particular en su economía, es el “invitado de piedra” y la asignatura pendiente.
Afortunadamente estos frecuentes e incómodos informes de especialistas sobre el tema de la distribución del ingreso han creado casi un consenso sobre la validez del tema, lo que ya es muy importante para derivar la acción pertinente que se requiere para su corrección. Sin embargo, una cosa es reconocer que existe una significativa desigualdad y otra ponerse de acuerdo en sus causas y los medicamentos para sanarla. Dentro de las concepciones liberales algunos piensan que la educación terminará en el largo plazo por mitigar las desigualdades (J.S.Mill, 1862) y para otros dejar mayor espacio al mercado constituye también una solución de largo plazo. La verdad es que en el tema distributivo intervienen muchos factores explicativos y es muy difícil hacer un reduccionismo a solo uno de ellos sin haber pasado previamente por un análisis de una experiencia concreta e históricamente especifica. Calibrando el problema: la Concertación ha mantenido durante 15 años su discurso en torno al “crecimiento con equidad” o “crecimiento con igualdad”. Sería injusto y poco objetivo concluir que durante este período “se ha arado en el mar”. En efecto, los gobiernos de la Concertación han hecho esfuerzos importantes en cuanto a un mayor gasto social (dos tercios del gasto público) y en lo que se refiere a las relaciones laborales con dos Reformas Laborales que aún con insuficiencias han cambiado totalmente el paisaje del mundo laboral heredado del período de la dictadura. Pero si bien el crecimiento y muchos de los cambios recién expuestos han reducido significativamente el nivel de pobreza (de 45% a 18%), en la distribución del ingreso queda mucho por hacer. Por otra parte, no hay que olvidar que de acuerdo a distintas fuentes estadísticas nacionales que miden la distribución del ingreso (Encuesta de Presupuestos familiares del INE, la CASEN, y la Encuesta de empleo Gran Santiago. Universidad de Chile) es posible sostener que la distribución del ingreso ha mejorado en los años noventa respecto a los ochenta, (14 veces la relación de ingresos de los más ricos a los más pobres respecto a 19 veces) aún cuando ella se sitúa al mismo o cerca del nivel que tenia en el segundo quinquenio de los años 70 que en todo caso es más desigual que la de los años 60 y los dos primeros años del 70 (1).
Cuando estos datos se comparan con otros países, Chile sale reprobado en esta materia. Cierto, Chile no tiene la más mala distribución del ingreso en América Latina (región donde de por si la distribución es mala) pero sí más mala que Perú, México, Uruguay y Venezuela (según índice de Gini año 2000) y está al nivel de Níger y Zambia. De las explicaciones Podemos encontrar varias explicaciones de este elevado nivel de desigualdad y todas ellas son concurrentes, algunas permanentes y otras transitorias. Entre estas podemos mencionar: la baja participación en el mercado del trabajo de mujeres de los hogares más pobres; los períodos largos de recesión donde el ciclo afecta con una elevada desocupación de los menos calificados; los años de escolaridad y capacitación de los trabajadores ocupados; el elevado número de pensionados (cerca de un millón) todos los cuales están excluidos del mercado, con pensiones muy por debajo del salario mínimo; una canasta exportadora muy concentrada (53 empresas exportaban la mitad del total no cobre en el 2004) y afincada en la exportaciones de recursos naturales (dos tercios del total) juegan en contra de la difusión del progreso técnico y el desarrollo de empleos de alta calidad y elevados salarios. Estos factores han estado siempre presentes de una u otra manera en la explicación de la mala distribución del ingreso. Sin embargo, en lo inmediato cabe mencionar en el caso de Chile dos hechos que le dan aún una mayor rigidez y permanencia a la mala distribución.
El primero es el importante proceso de concentración de patrimonio o activos en los últimos años en distintos sectores de la actividad económica, pero particularmente en el sector financiero y servicios, a saber: sector bancario, seguros, comercio, AFP, Isapres, etc, con una ley antimonopolio mucho más blanda que la de Estados Unidos. Esto genera estructura de mercados no competitivos y donde la competencia desde el exterior no juega un rol tan importante. Se trata de un sector protegido de la competencia externa a la diferencia de los sectores productivos. Esto trae efectos adicionales en la concentración de poder, como es el caso de las seis AFP existentes, que administrando los fondos de los trabajadores participan en la designación de los directorios de muchas grandes empresas. No es ningún descubrimiento entonces (salvo el estadístico) que el 10% de los perceptores de ingresos mas ricos capturen el 41,2% del total.
El segundo elemento a considerar es que no obstante los importantes avances que se han logrado con las Reformas laborales, actualmente solo un 9% de los asalariados tienen negociaciones colectivas, la gran mayoría no ejerce este derecho. Además como es sabido existe un déficit no menor de nuestro sistema legal de trabajo respecto a los litigios y cobro de las deudas laborales. En este contexto el limitado poder de negociación de los trabajadores hace que la distribución funcional del ingreso (repartición del valor agregado entre salarios y utilidades) siga jugando un rol regresivo en la distribución personal del ingreso. No es fatal que la situación descrita permanezca para siempre y que todo lo que se emprenda para corregirlo sea como el mito de Sísifo. El gobierno futuro, de existir la voluntad política para hacerlo, puede ir cambiando gradualmente la situación Este tiene los instrumentos propios de la política económica y la capacidad regulatoria como para diseñar un política redistributiva de largo alcance.
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(1) Veáse capitulo VII en R. Ffrench Davis, “Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad”.
Alexis Guardia B. es economista.