martes, febrero 28

La nueva revolución chilena, por Osvaldo Torres

Quién iba a pensar hace 30 años, 10 o 2 años atrás, que una ex presa política de la dictadura, sobreviviente de la Villa Grimaldi iba a conquistar la presidencia de Chile.

Este regreso de los reprimidos, esta valoración de la sociedad por quienes, sin tener responsabilidad directa en la conducción del gobierno de la Unidad Popular, sufrieron las consecuencias directas del terrorismo y resistieron a la dictadura no es mera casualidad histórica.

Michelle Bachelet es producto de un cambio profundo en Chile, menos épico que los convulsionados años de los sesenta y setenta, pero más eficiente. No se trata sólo de estadísticas en los nuevos patrones de consumo, en la consecución de bienes materiales o de acceso a la educación. Todo esto ha influido, pero se trata de algo más, pues la transformación de Chile ha venido transformando a la propia Concertación y la coloca ante nuevos dilemas.

La transición chilena duró 16 años y en su trayecto se logró consolidar una institucionalidad democrática que fija reglas mínimas para dirimir las diferencias por medios pacíficos; generar una autonomía (aún) relativa en las funciones de las instituciones del Estado; una revitalización de éste como parte activa en la responsabilidad social por sus ciudadanos, etc. Sin embargo estas tareas son eminentemente “restauradoras”, en el sentido normalizador, de concretar un piso sobre el cual se puede pensar un país con un futuro para todos, no excluyente como lo fue no sólo políticamente sino también socialmente bajo la dictadura.

Entonces, llegó el tiempo en que nuevamente Chile debe encarar una encrucijada que estuvo presente en el impulso de la década de los sesenta. ¿Qué tipo de sociedad queremos para nosotros y las generaciones futuras? ¿Podremos convivir juntos sin resolver la brecha social y las discriminaciones odiosas que persisten?

En la década del sesenta dos proyectos políticos, con fuerte apoyo y esperanza social se constituyeron en alternativos y excluyentes. Eran los proyectos de Revolución en Libertad y la “Vía chilena al socialismo”. Ambos prometieron un Chile más justo y ambos impulsaron la reforma agraria; los dos llevaron la bandera del control sobre los recursos naturales y en ambos el Cobre se hizo más nuestro; ambos apostaron a constituir o fortalecer un sujeto histórico como parte constitutiva del proceso de transformaciones, sea como “promoción popular” o como “movilización popular”, y en ambos se hizo efectiva.

Se podrá discutir el por qué no hubo una convergencia práctica de estos procesos estructurales a nivel de la dirección política, pero lo claro es que los dos fueron construidos como salidas a la crisis de desigualdades que se había incubado; a las limitaciones que la democracia tenía para resolver las ancestrales aspiraciones de importantes mayorías del país y por el estancamiento que se evidenciaba ante la oposición de la vieja oligarquía al proceso modernizador. Los dos proyectos histórico-revolucionarios o si se quiere antioligárquicos, se hicieron centrífugos respecto del propósito central. Luego vino la tragedia de la cual M. Bachelet fue una de sus víctimas.

Ambos proyectos revolucionarios tuvieron partidos claves para su elaboración, desarrollo e implementación. La Democracia Cristiana por una parte y el Partido Socialista y Comunista por la otra. Para estas fuerzas, estos proyectos fueron su razón de ser y su signo de identidad en los sesenta y principios de los setenta . La dictadura, y también la transición, los ubicó en un segundo plano pues la tarea de ese largo período impuso una relegación de las identidades maximalistas para producir la normalización democrática.

Dicho lo anterior, se hace evidente que en Chile se abre el debate sobre el proyecto histórico que lo pueda hacer más democrático y más justo, pues visto está que no basta con el crecimiento económico, su chorreo y las políticas sociales de carácter moderador de las desigualdades. A más crecimiento económico se produce también un aumento de las aspiraciones de todos los estratos que opera sobre el imaginario colectivo de manera menos desigual que la propia distribución de los ingresos, provocando un sentimiento de frustración, segregación y escasa inclusión en las ventajas de éste en los sectores menos favorecidos.

Esto sitúa a los partidos políticos de la Concertación ante una discusión –no sólo sobre cómo apoyar a Bachelet- sino también sobre qué proyecto histórico pueden encabezar en esta nueva etapa del desarrollo del país, que seguramente se extenderá hasta más allá del bicentenario. De la respuesta a esta cuestión, que parece central, se podrá establecer si la Concertación tendrá una vida más larga que le provea de sentido.

Para la DC la tarea es central. Como dijo Soledad Alvear en un reciente foro del Instituto Igualdad: se requiere no sólo de un nuevo gobierno, también de nuevos horizontes comunes.
La Concertación depende en alto grado del PDC no sólo en su existencia, sino también en el tipo de Concertación que se puede tener. Por ello no es menor el cómo este partido resolverá su vacío de proyecto histórico y por tanto identitario con el cual se desempeña en el sistema político. Si el origen de la DC fue su quiebre con la oligarquía conservadora y su propuesta revolucionaria, - desde una modernización del catolicismo incubado ya en las Encíclicas Sociales y radicalizado en el Concilio II- no tiene más remedio que reconfigurar un nuevo proyecto, de cara al siglo XXI, que ratificando la sustancia modernizadora y de fuerte acento social, adecue las formas y contenidos a los nuevos tiempos y sus viejos problemas; en este intento deberá resolver la relación con los intereses de los grandes grupos económicos, con el catolicismo conservador y la representación de los sectores emergentes. El PDC ha adquirido una cultura de alianzas dejando atrás la idea del partido único de gobierno; ha mantenido su carácter plural en la vida interna y ha marcado las diferencias con los partidos de derecha y los integristas religiosos, esto le permite abrir la discusión interna sobre su proyecto histórico para el Chile del siglo XXI con fronteras claras en la topografía política nacional.

Por su parte del Partido Socialista, sigue cargando el peso de la experiencia del gobierno de Allende y su conducta ante él, haciéndolo un partido no confrontacional, en extremo cuidadoso, con una fuerte responsabilidad por la gobernabilidad en el plano político, que lo ha llevado a moderar la representación de las demandas sociales que por derecho corresponden a las mayorías, en aras a consolidar el sistema político democrático. El PS, idos ya los temores tanto a la regresión autoritaria y como al potencial fracaso de un socialista en La Moneda con Lagos, requiere construir un nuevo consenso interno, para asegurar el éxito del gobierno que se inicia, y además para encarar la pregunta por el sentido de una política socialista que pueda hacer efectiva y eficiente la lucha por una sociedad más justa y con una cultura democrática. En esta dirección es fundamental la experiencia, pero también admitir la diversidad de miradas; es importante la cabeza fría pero también la sensibilidad ambiental que impulsa a los cambios en las formas de hacer política y considerar a los militantes y los ciudadanos organizados. En definitiva, también el PS está obligado a pensar el proyecto histórico y sus nexos con las fuerzas políticas que le son afines. Esto impone alentar nuevas generaciones de dirigentes preparados políticamente, desarrollar y valorar la política territorial, configurar un diseño de país descentralizado, multicultural y semi presidencial, a la vez que hace más eficientes las propuestas por la igualdad.

Como se ve, la encrucijada de la Concertación es que ante la obligación de construir un proyecto histórico de futuro, se requiere no cometer el error de hacer divergentes los proyectos de transformación (las viejas dos revoluciones) que deberán emerger de los principales partidos de la coalición. La identidad partidaria siempre ha sido un elemento sustantivo para los momentos difíciles donde hay que apelar al sentido de pertenencia; pero también se ha utilizado para acentuar diferencias para alcanzar cuotas de poder. La responsabilidad de los partidos será el no evadir la necesidad de otorgar gobernabilidad y asegurar el éxito del gobierno electo, pero a la vez el de encarar la toma de decisiones con vista a resolver este punto de largo plazo, el del proyecto histórico convergente que debieran tener los partidos de la Concertación para esta nueva etapa en la vida nacional que se ha expresado en el sistema político con la elección de M. Bachelet, pero que ya estaba presente en el ideario de las mayorías que le votamos.

No se trata de revivir los proyectos utópico maximalistas para realizarlos en breve plazo. Se requiere que los partidos de la Concertación encaren la necesidad de generar un proyecto colectivo, que de más cohesión al país por la vía de una mayor justicia social y que amplíe la democracia por la vía de que los ciudadanos se incorporen organizadamente al control y participación de las decisiones de los poderes del Estado. Es la forma que tiene el pueblo de reivindicar su tarea en la construcción del país y de sentirse un igual a otro con independencia de su poder económico o su influencia social. Los proyectos partidistas son legítimos e indispensables, se trata de dibujar esas nuevas identidades recogiendo la experiencia histórica y avizorando una alianza, no para administrar el poder sino para seguir transformando al país. El otro camino posible es reforzar las identidades específicas producto de la incapacidad de construir una nueve etapa de reformas sociales y políticas de manera conjunta.

A lo anterior se puede agregar el proceso que vive Latinoamérica. Chile acostumbrado a ser autorreferente optó en los años noventa a huir hacia delante respecto de la región, sintiéndose cultural y políticamente ajeno. La actual “ola latinoamericanista” no parece ser una moda, sino más bien la expresión en el plano político de los excluidos y discriminados que buscan nuevos liderazgos pero también nuevas formas para la democracia que les permita controlar a sus elites tan dadas en el continente a hablar por ellas pero a respetable distancia y sin cumplir sus compromisos. Para Chile y a la Concertación esto es sustantivo tanto porque obliga a nuestra democracia a hacerla más efectiva para resolver los problemas sociales como porque cualquier proyecto histórico viable para el país, pasa por tener una política de integración regional, abandonando el desdén para tratar los estilos presidenciales que no se ajustan al modelo generado en nuestra transición.

Finalmente, la tímida discusión sobre el supuesto derecho ganado a “designar” el candidato presidencial concertacionista del 2009, por tal o cual partido, no hace más que dificultar la resolución del problema central. La identidad partidista se reafirma principalmente con el proyecto que presenta y a quienes representa el candidato.
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Osvaldo Torres es Director Adjunto del Instituto Igualdad.

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