miércoles, abril 26

Tu mundo público, mi mundo privado, por Antonio Valencia

EX MINISTROS O ALTOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO EN DIRECTORIOS DE CUESTIONADAS EMPRESAS

Viera-Gallo y Rincón a Provida, Rodríguez Grossi a Chiletabacos, Etchegaray a Celco, Solari a Transantiago y Estévez a Endesa. Como no está regulada, la práctica genera polémicas. “Si les piden hacer lobby, eso es tráfico de influencias”, advierten los expertos.

La Nación
No ocurre en empresas cualquiera. Se trata de mega conglomerados que han alimentado la agenda pública con sus legítimos intereses de mercado, pero que han generado más de alguna polémica. El último ejemplo es bien cercano: la batalla interna en la DC por el ingreso al directorio de Provida de la ex superintendenta de Previsión Social y ex intendenta de Santiago, Ximena Rincón, desató una vez más el debate.
Sin embargo, no es la única. El ex senador José Antonio Viera-Gallo (PS) también pasó a integrar el directorio de la AFP más grande e importante del país, la misma que hace unas semanas propuso elevar la edad de jubilación de las mujeres a 65 años. El punto es que algunos miran de reojo que dos potentes personajes de la Concertación sean tentados y luego acepten formar parte del gigante previsional en tiempos en que el Gobierno fijó como prioridad abordar la reforma del sistema.
Envuelta en una disputa eleccionaria interna, la diputada Alejandra Sepúlveda abrió los fuegos contra Rincón. “No es adecuado ni bueno que gente que estuvo en cargos importantes en el Gobierno se pase a la vereda de enfrente, y de defender los intereses de la gente defienda a los accionistas, menos aun con el grado de información y vínculos que posee, más cuando fue superintendente de Previsión Social”, apunta la parlamentaria.
Y hay más ejemplos. Todos recientes. En plena crisis por los cisnes de cuello negro, la Celulosa Arauco reclutó al ex ministro Alberto Etchegaray, quien en la actualidad ejerce como presidente del directorio de la empresa. Chiletabacos, otra controvertida empresa en lo que a lobby político se refiere –sobre todo en tiempos de leyes antitabaco-, acaba de fichar al hasta hace poco ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi (DC).
Otro de los ejemplos recientes es la mudanza del ex ministro del Trabajo, Ricardo Solari, que ahora forma parte de la colombiana Alsacia, una de los principales firmas que opera en el Plan Transantiago. Endesa también allegó en sus oficinas a un ex ministro: Jaime Estévez pasó del MOP a la multinacional que tiene en alerta a ambientalistas con sus megacentrales hidroeléctricas.
Nada de esto es ilegal, “pero debiera estar regulado, debiera haber algún tipo de restricción para evitar los conflictos de intereses”, opina Guillermo Holzmann, cientista político de la Universidad de Chile. Nada de esto tiene que ver con poner en duda la capacidad y probidad de los involucrados, sino con fortalecer la democracia. “Chile tiene hoy una debilidad política y democrática en esto”, expresa Holzmann.
No asumir esta realidad mediante una ley, añade Holzmann, gatilla “dudas razonables de la ciudadanía que cuestiona cómo dicho ex alto funcionario público va a utilizar su red de contactos en el Poder Ejecutivo, el Legislativo e incluso en el Judicial. No es casual, en consecuencia, que las empresas privadas busquen precisamente a este tipo de altos personeros para generar condiciones ante los órganos del Estado para pavimentar sus negocios”.

Puerta giratoria
Tomás Chuaqui, director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, no se sorprende con el tránsito del mundo público al mundo privado, dinámica conocida como ‘puerta giratoria’. “Que esto ocurra no debiera sorprender a nadie. Chile nunca ha tenido una regulación fuerte en este sentido -sostiene Chuaqui-, básicamente por falta de voluntad política, pues es pedir al propio sistema político que se autorregule. Y claro, como a las empresas les conviene tener en sus filas personas que han trabajado en el Gobierno...”
Y claro, “no se trata de dudar de la fe pública de nadie”, insiste Chuaqui, pero son estos vacíos los que empujan a la ciudadanía a hacerse una pregunta: “¿Por qué no pensar que esta persona que estuvo en un cargo público hizo su trabajo con vista a conseguir posteriormente un cargo en determinada empresa privada? Regular -sentencia el académico de la UC- es velar por la fe pública”.
El actual estado de cosas, completa la cientista política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Marcela Ríos, “no le hace bien a la democracia”. El tránsito del mundo público al privado, “y también los vínculos entre algunas empresas privadas que hacen negocios con el Estado deben ser controlados”. En pocas palabras se trata de “regular los intereses privados en la política”, aclara Ríos.
No hacerlo, insiste Holzmann, expone al ex ministro o alto funcionario público a que determinada empresa le solicite explícitas gestiones antes organismos del Estado para conseguir sus objetivos comerciales. En otras palabras, si le pide que sea un lobbysta de la empresa, “eso directamente se llama tráfico de influencias, por eso el riesgo”, repone el académico de la Universidad de Chile.
¿Qué queda entonces para el ciudadano común y corriente que no tiene ni redes ni contactos ni vínculos que lo “acerquen” de esta forma a quienes toman las decisiones? “No sólo la duda razonable sobre quien pasa de lo público a la privado y viceversa”, agrega Chuaqui-, sino además se consolidan los números que arrojó una encuesta del PNUD hecha hace dos años: “El 75% de los chilenos piensa que el poder sigue igual o está cada vez más concentrado -cita el director del Instituto de Ciencia Política de la UC-, y esa escasa percepción de la dispersión del poder es grave para un sistema democrático”.

Legislar, prohibir, indemnizar
¿Qué hay hasta ahora? La Ley Orgánica Constitucional de Base de la Administración del Estado establece que “son incompatibles las actividades de las ex autoridades y los ex funcionarios de una institución fiscalizadora con otras que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses de haber expirado en funciones”.
Las salidas a la puerta giratoria pueden ser varias. La diputada Sepúlveda propone que sean los propios partidos políticos quienes regulen internamente a sus militantes. En el Instituto de Ciencia Política de la UC opinan que eso resuelve poco o nada el tema. “Los partidos lo pueden pedir a sus militantes, pero no los pueden obligar. Eso no da garantías al ciudadano como sí las entrega una ley de la República. Y esa ley -se extiende Chuaqui-, debe obligar a que los partidos no tengan lobbystas entre sus militantes”.
Guillermo Holzmann recuerda que el tema lleva más de 15 años de debate y que está pendiente desde que se impulsó la agenda pro-crecimiento. Es más, la próxima semana habrá sesión en el Congreso para regular el lobby. Una salida, según Holzmann, está en las restricciones que existen en otros sistemas democráticos. “En Estados Unidos y Europa quienes han detentado altos rangos o cargos públicos no pueden vincularse a empresas privadas por espacio de hasta un año, pero la ley establece indemnizaciones para que dichas personas puedan sostener su nivel de vida”, dice, de manera que el ex ministro no quede económicamente “liquidado” por no poder ejercer su funciones fuera del aparato público.

1 comentario:

trevor5drake dijo...

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