viernes, marzo 31

Los valores postmaterialistas, por Gonzalo Martner


Una manera de apreciar la evolución de las sociedades y sus mentalidades es el papel que en ellas juegan los llamados “valores postmaterialistas”, en contraste con aquellos vinculados a la “vida material”, en la expresión del historiador Fernand Braudel. De hecho, algún analista de las motivaciones respectivas de Felipe González y de Rodríguez Zapatero en España distinguía en el primero, a propósito de cumplirse dos años de la recuperación del gobierno por los socialistas, la preocupación esencial por la “supervivencia”, que se tradujo en la construcción en España de un amplio Estado de Bienestar (con un uno por ciento anual de incremento de la carga tributaria respecto al PIB en 12 años, según datos de la OCDE, para ilustración de los admiradores liberales de Felipe), y de la modernización productiva dolorosa en el marco de la integración a Europa. En el segundo, en cambio, y en la generación que lo acompaña, establecidas las bases del bienestar económico, se encarnaría una motivación esencial en “la búsqueda de la felicidad”, con la consecuente agenda centrada en la paz y el retiro de tropas de Irak, el matrimonio de homosexuales, el rediseño del mapa de las autonomías, por ejemplo.
En Chile, como tantas veces, no vivimos las cosas tan secuencialmente y las realidades son muy distintas, pero algo de eso hay. La llegada a la Presidencia de la República de Michelle Bachelet en sí misma representó una victoria en toda la línea en contra del conservadurismo y de la resignación frente al statu quo que fueron cultivando penosamente las nuevas élites. "En esta vuelta es imposible ganarle a la derecha" y “una mujer no puede ser Presidente de Chile” se escuchó entre los bien pensantes por mucho tiempo, "no seamos ingenuos, el candidato va a ser Frei o Inzulza", hasta que la voluntad de cambio de los chilenos y chilenas dijo contundentemente otra cosa y el sistema de partidos se adaptó con bastante fluidez, más allá de lo que se ha dicho, a esa realidad. Y luego nadie creyó en la firmeza de carácter de la Presidenta, que llevó la paridad hombre-mujer en sus nombramientos más lejos que en los escasos países de occidente que la practican: “el gobierno no va a ser eficiente con tanta mujer sin competencias suficientes en tan altas responsabilidades” fue de nuevo el comentario de los bien pensantes, como si la competencia y la incompetencia no se distribuyeran en mismas proporciones entre hombres y mujeres. No aprovechar la mitad de la inteligencia de una nación es lo verdaderamente poco inteligente. Y la deslegitimación social de la discriminación de la mujer ha avanzado con pasos gigantes. Todo lo cual sin costo presupuestario...
El miércoles 29 de marzo la Presidenta de Chile asistió en persona al acto de recuerdo del asesinato de Guerrero, Nattino y Parada que horrorizó al país hace 21 años por su brutalidad extrema. Y asistió para marcar definitivamente un rumbo al decir con emoción: “la memoria de miles no admite ningún punto final” y ”los tribunales van a continuar estableciendo la verdad y la justicia sin excepción, porque la dignidad de Chile así lo exige”. ¡Qué contraste con los devaneos de algunos de los liderazgos de estos años eternos de transición! ¡Qué tranquilidad saber que nos gobierna una persona que no renuncia a sus valores una vez que llega a la máxima responsabilidad pública! Los valores de la memoria y de la dignidad de un país que no tolera que se asesine, viole, desaparezca sin consecuencias quedan ahí restablecidos con la capacidad de simbolización que la función presidencial tiene. La deslegitimación social de la pretensión de impunidad sigue avanzando a pasos gigantes. Y sin costo presupuestario...
Chile es hoy un país mejor por que se va haciendo cargo de sus valores “postmaterialistas” esenciales, con talento, sin estridencias, con la profundidad que requiere una tarea de tamaña dimensión.
Pero claro, la “vida material” existe y de qué manera, y sigue siendo especialmente angustiante para los más desposeídos. La agenda del bienestar en materia de pensiones (con un inicial pequeño salto para las asistenciales y mínimas), de empleo, de salud (con la corrección de esa iniquidad de limitar el acceso a las mujeres que tienen dinero a la píldora del día después), de vivienda, sigue ahí presente. Y la agenda de futuro de la educación, de la innovación tecnológica, del medio ambiente y el urbanismo, mantienen como nunca su urgencia, porque se juega el destino de las futuras generaciones. Pero abordarlas, porque Chile está lejos de la mínima decencia en la materia y su economía le permite y necesita dar pasos mucho mayores, es tanto más factible con una democracia consolidada y con los valores de la dignidad humana crecientemente compartidos en la sociedad.

jueves, marzo 30

Homenaje de la Presidenta Bachelet

Palabras de la Presidenta Michelle Bachelet durante la inauguración del memorial en el mismo lugar en que, hace 21 años, fueron encontrados los cuerpos degollados de José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, tres profesionales comunistas que el día anterior habían sido secuestrados por carabineros.
Quisiera, primero, saludar con mucho cariño a los familiares, a los familiares de Santiago, Manuel y José Manuel, por supuesto a todas las autoridades presentes del Gobierno, parlamentarios, concejales, amigos y amigas.
Inicialmente no estaba en el programa que la Presidenta de la República interviniera en un día como hoy, sin embargo no puedo dejar de decir algunas cosas. A veces la formalidad del protocolo, esconde los sentimientos, pero creo que es sano para la democracia que los ciudadanos conozcan las tristezas, las alegrías, pero también las esperanzas de sus gobernantes.
La muerte de José Manuel, de Santiago, de Manuel en 1985, yo diría que fue uno de los momentos más tristes de mi vida. Aún recuerdo el profundo dolor que nos provocaron esos crímenes a muchos de los que estamos acá. Recuerdo la situación de horror, la impotencia, las ganas de creer que el drama que se vivía en nuestro país no era cierto, las ganas de creer que se trataba de un mal sueño, de una pesadilla de la cual íbamos a despertar cualquier día.
Creo que ocurría la verdad, este horror era una realidad. Cuando uno piensa en aquellos días, uno se da cuenta de lo mucho que hemos avanzado en estos años, hemos crecido claro, pero lo más importante aún es que con todo aunque nos falta, hemos empezado a sanar nuestra alma.
El país del odio, la nación de enemigos, como decía un autor, ha quedado atrás. Hoy nuestros hijos conviven en paz, pero no en cualquier paz y eso es tal vez lo más importante que podamos señalar de este momento, que es una paz no fundada en el olvido, en colocar debajo de la alfombra aquello que no nos enorgullece como sociedad, sino que fundada en la memoria de los nuestros, en la memoria del dolor, de la esperanza que nunca se perdió, por eso, yo no podía dejar de hablar esta mañana, porque soy una convencida de que sobre la base de la memoria estamos construyendo los pilares para un país mucho mejor.
En estos 16 años de democracia, hemos tenido que lidiar juntos para limar asperezas de una sociedad dividida, de una sociedad que nos separaba entre los aquellos y los nuestros y yo lo dije el día que asumí la Presidencia: es el momento de que vayamos caminando para que algún día en Chile todos nos sintamos nuestros y creo que hay condiciones, están soplando vientos distintos, podemos creer en un futuro distinto, donde todos caben, donde todos podamos construir una patria mejor, una patria inclusiva, donde ninguna diversidad quede fuera, una patria inclusiva, donde el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos son algo esencial.
Gracias a quienes lucharon por preservar la memoria de aquellos días difíciles, este memorial no es sólo un memorial para aquellos hombres y mujeres que entregaron la vida, también es un memorial para aquellos que permitieron que el olvido no fuera una realidad.
Hoy los chilenos gracias a esta lucha de mujeres y hombres, como de estos familiares, como tantos que están acá, y como tantos que están en tantas partes de Chile, es posible preservar la memoria y que los chilenos ya no aceptemos explicaciones ni justificaciones en esta materia. Los derechos humanos se respetan sí o sí.
Siento que todo esto es compartido por una enorme mayoría de chilenos, gracias a que hemos hecho como sociedad el proceso de mirarnos, de hablar, de conocer lo que ha sucedido en nuestra patria, como sociedad hemos acordado los mínimos de dignidad y de respeto que se merece todo ciudadano. Desde el gobierno, vamos a continuar impulsando nuevas políticas para hacer de este sentimiento compartido una realidad.
Preservaremos la memoria. como lo hacemos hoy con este hermoso memorial. Propiciaremos más medidas de reencuentro, pero también de reparación. Queremos acordar entre todos un programa nacional de derechos humanos que sea una política de Estado.
Aquí Manuel nos hablaba y nos decía, lo mismo que el ministro Bitrán, que los DDHH no son un tema del pasado. Son pasado, presente y futuro y es lo que nos permite efectivamente generar condiciones en un país para que sea efectivamente el país de todos.
Por eso, queremos con mucha fuerza educar en estos valores a nuestros niños y niñas, impulsar la creación de un Instituto de DDHH, que pueda realmente llevar a cabo el nunca olvidar, para siempre desarrollar una sociedad mejor y también por cierto, la figura de un defensor de la ciudadanía que permite que estos derechos sean una práctica.
Sabemos que los tribunales van a continuar estableciendo la verdad y la justicia sin excepción, porque la dignidad de Chile así lo exige. La memoria de miles no admite ningún punto final.
Por eso, hablo hoy, amigos y amigas, porque las autoridades de un gobierno ciudadano y democrático tenemos la obligación ética de presentarle al país nuestra propia memoria, de presentarnos como somos, con nuestras experiencias de vida, con lo que han sido también nuestros compromisos y como dije al comienzo, también nuestras tristezas, alegría y esperanzas, porque a la larga del dolor que como yo sentí, sentimos muchos, estos días 29 y 30 de marzo, hace 21 años, ha nacido una nueva esperanza.
De uno de los días más tristes de mi vida surge este memorial y toda una enseñanza para las futuras generaciones, porque estoy convencida que aunque quisiéramos que eso nunca hubiera sucedido, aunque estamos comprometidas a luchar para siempre para que nunca vuelva a suceder, el dolor y la tristeza no han sido infecundos. Chile es hoy más libre y más justo.

lunes, marzo 27

Grandes Alamedas

Plataforma Política
Lista “Grandes Alamedas”

Hoy es tiempo de todos y de todas
Hoy Soplan Vientos Distintos. Con estas palabras inauguró Michelle Bachelet su gobierno. Con ellas también invitamos hoy al debate del que emergerá el nuevo liderazgo socialista. Es una frase sencilla pero rotunda y tiene la virtud de obligar a todos los socialistas al ejercicio de reconocer lo avanzado, entender las motivaciones y emociones colectivas del Chile del presente y empujar las rígidas fronteras de lo posible para alentar las esperanzas en un futuro mejor. Queremos seguir abriendo las grandes alamedas.
Llegar hasta aquí no ha sido sencillo. Han sido 16 años de bregar, a veces con lentitud exasperante, por desmontar el dispositivo autoritario que legó la dictadura. Han sido necesarias largas y tesoneras luchas para hacer avanzar la justicia en materia de violaciones a los derechos humanos. Ha sido necesaria una década y media antes de obtener un parlamento con origen pleno pero imperfecto en la soberanía popular y un plazo casi tan largo para derogar la pena de muerte y la censura, reconocer legalmente los múltiples rostros de la familia chilena y consagrar el divorcio.
Pero ha sido un lapso que también ha permitido desplegar la acción de las políticas públicas en las infraestructuras productivas y sociales y en nudos duros de la injusticia ancestral de Chile, como el acceso educativo, el déficit habitacional, la calidad y extensión de la cobertura de salud pública, el incremento de los salarios. Sus resultados no admiten complacencias: sigue siendo la desigualdad y la polarización social y espacial el principal dilema político del Chile de hoy. Pero los esfuerzos de los gobiernos de la Concertación han resultado vitales para refutar la condena a la marginación que pendía sin cortapisas sobre miles de compatriotas que han encontrado la mano solidaria del Estado. Porque hemos avanzado este trecho, hoy Chile reclama más.
Y no sólo la ampliación de la dimensión protectora del Estado. También la extensión de los derechos y libertades ciudadanas. El Chile alumbrado en el tortuoso trayecto de la transición se resiste a limitar su demanda de participación y protagonismo. La emergencia del liderazgo de Michelle Bachelet es quizá su evidencia más patente. No hay más fantasmas tutelares que inhiban la capacidad de sumar colores al dibujo de la patria que queremos. No más amenazas creíbles de cancelar por la fuerza el foro de las ideas.

Coherencia
La demanda a las instituciones políticas se vuelve más exigente. El escrutinio ciudadano reclama evidencia comprobable de conductas y propuestas. Y de coherencia.
Democracia, justicia, participación, tolerancia y respeto a la diversidad, valores centrales de la oferta de transformación que proponen los socialistas tienen por test elemental su pleno ejercicio entre nosotros. Suponer que podemos renovar nuestro pacto de representación con las chilenas y chilenos que comparten nuestros valores y aspiraciones de izquierda sin dar testimonio cotidiano de nuestra capacidad para actuar y convivir ceñidos a estos es subvalorar la capacidad ciudadana. Izquierda se conjuga en hacer, no solo en decir y esta distinción se valora y castiga en sociedades, como la nuestra, crecientemente informadas y atentas.
Junto al cómo hacer, que reclama de nuestra capacidad para que los procedimientos de nuestra vida interna se correspondan con aquellos que demandamos para la sociedad, los ciudadanos también exigen claridad de propósitos. El nuestro lo entendemos inalterable en sus fundamentos: representar los intereses de los trabajadores, de los postergados, de aquellas y aquellos determinados a priori por la estructura económica y social imperante a un rol subordinado.

Un proyecto socialista de transformación radicalmente democrática de Chile
El nuestro es un partido que aspira a una transformación radicalmente democrática de Chile. Porque Chile es social y económicamente injusto, luchamos por la justicia social. Porque Chile es discriminatorio en materia de minusvalías, género, orientación sexual , pertenencia étnica y a grupos etáreos, luchamos por una sociedad igualitaria, fraterna y solidaria. El PS es un agente de cambio, no un garante del status quo conservador. Conjugamos voluntad política, responsabilidad y sueños libertarios e igualitarios.
El balance de los últimos quince años es más que promisorio para el socialismo, que no solo se ha constituido en una fuerza responsable de gobierno sino en una respetable fuerza parlamentaria, aumentando significativamente su representación en la Cámara de Diputados y constituyéndose en la primera fuerza senatorial de la Concertación.
Pero no estamos aún a la altura del desafío.
Los socialistas debemos tener la voluntad de ser los mejores representantes de los trabajadores y de los excluidos, que necesitan como nunca de nuestra voz y de nuestra acción.
Los socialistas debemos tener la voluntad de ser una eficaz alternativa al neoliberalismo y su ley del más fuerte para garantizar acceso universal a una vida digna frente a la exclusión, protección social frente a la precariedad y la inseguridad económica e igualdad de oportunidades frente a la discriminación y el poder de las oligarquías.
Los socialistas debemos tener la voluntad de contribuir con nuestra lucha política a conquistar y consolidar los derechos civiles, políticos, sociales y culturales que la sociedad chilena hoy demanda para todos y todas.
Los socialistas debemos tener la voluntad de promover los valores de la igualdad, la libertad, la solidaridad y la responsabilidad con las futuras generaciones.
Los socialistas debemos tener la voluntad de transformar la raiz de la desigualdad: el predominio de los más fuertes en mercados descontrolados. Debemos tener la voluntad de hacer funcionar una economía plural con mercados gobernados social, cultural y ecológicamente en beneficio de las mayorías, luchando contra la concentración y el dominio del poder económico sobre los trabajadores y contra la depredación de la naturaleza.
Estas son las razones de ser del socialismo. Los socialistas agrupados en esta lista nunca renunciaremos a nuestras banderas, ni nos inclinaremos ante los poderosos ni ante sus sistemas de influencia y corrupción.

Liderar la democratización del país
Nuestras banderas no avanzarán si no rompemos las cortapisas antidemocráticas aún existentes en Chile. Luego de años de lucha, Chile posee una constitución relativamente democrática. Sin embargo esto no significa que dicha carta fundamental represente los anhelos del socialismo. En este sentido, aspiramos a liderar la construcción de una institucionalidad en que se mejore la representación, se multiplique el control ciudadano de los centros de poder, se fomente activamente la participación ciudadana y se establezca los derechos y deberes de los ciudadanos con una visión moderna y progresista en un Estado democrático y social de derecho.
Lucharemos por el cambio del sistema electoral vigente, la descentralización, la democratización de los procesos de selección de autoridades regionales y la expansión de los derechos ciudadanos frente a eventuales abusos del estado y sus agentes.

Colaborar con el éxito del gobierno
La misión del PS en los próximos cuatro años será asegurar el éxito del Gobierno de la Presidenta Bachelet. En esto no hay dos visiones en el Partido.
Colaborar con el gobierno significa apoyar, proponer y criticar lealmente lo que no esté funcionando bien. De esta manera se está verdaderamente comprometido con un gobierno, no manteniendo en la inmovilidad y la inacción a la militancia partidaria, ni menos al movimiento social en sus diversas expresiones. El PS es un partido de gobierno que lucha contra todas las injusticias. Por ello el socialismo no debe temer al debate, pues este enriquece y asegura la realización del programa de transformación ofrecido por la Presidenta Bachelet, al que adherimos plenamente.

Un partido a la altura del nuevo estilo de la Presidenta Bachelet
El socialismo debe ser a la vez participativo, transparente y dotado de una estructura institucional sólida y respetada por todos. No queremos más caudillos y grupos de poder por el poder. Queremos fraternidad y espíritu inclusivo. Ello implica una reforma partidaria en profundidad que asegure: i. aumentar la autonomía política de las regiones, entregándoles incluso el poder de seleccionar a los candidatos partidarios a los distintos cargos de elección popular; ii. reorganizar el Comité Central y sus secretarías, de forma que pueda llegar a ser realmente el órgano que entrega los lineamientos estratégicos del partido; y iii, fiscalizar eficazmente la transparencia de los actos eleccionarios del partido.

Un partido abierto y acogedor
Es claro que uno de los grandes problemas del Partido Socialista de Chile hoy, es que es una orgánica absolutamente clausurada a la sociedad, y en el que la falta de debate y participación va creando un clima de intolerancia y deslealtad que nada tienen que ver con los grandes valores que todos decimos profesar.
El socialismo del futuro debe ser abierto al mundo, enraizado en la sociedad y tolerante. Ello implica entre otras cosas: abrirse a la interacción con el sindicalismo, los grupos ciudadanos y movimientos sociales diversos que permanentemente puedan dar opiniones a las instancias decisorias del partido, mejorar la coordinación política entre todas las orgánicas del polo progresista y movimientos sociales de izquierda; y, finalmente, sancionar fuertemente cualquier atentado a la ética o la convivencia partidaria. Estos son nuestros compromisos.
Santiago, 23 de marzo de 2006

LISTA"GRANDES ALAMEDAS"
Isabel Allende Bussi
Sergio Aguiló Melo
Manuel Almeyda Medina
Arturo Barrios Oteiza
Ana Bell Jaras
Guido Camu Urzúa
Paulina Calfucoy Alarcón
Edgardo Condeza Vaccaro
Germán Correa Díaz
Uldaricio Figueroa Valdivia
Jaime Gazmuri Mujica
Maria Cristina Gutiérrez Ezeta
Natalia Herrera Lazcano
María Angélica Ibáñez San Martín
Marta Meza Lavín
Anita Melo Lagos
Patricio Mery Bell
Carolina Martinez Gallegos
Gonzalo Neira Novoa
Claudia Nuñez Gamboa
Verónica Oxman Vega
Pamela Pereira Fernández
Fernando Quiroga Capino
Fulvio Rossi Ciocca
Carolina Rosetti Gallardo
Carla Ruiz Sepúlveda
Héctor Turra Paredes
Patricia Troncoso Astudillo
Lautaro Videla Moya
Marcelo Zamora Retamal

Reforma previsional, por Alexis Guardia

Dos ideas adicionales para situar la reforma previsional

Al iniciarse en el cuarto gobierno de la Concertación el proceso de reforma al sistema previsional existente, se da continuidad al esfuerzo que han tenido todos estos gobiernos por corregir y reformar el modelo neoliberal heredado del régimen militar. Así se pueden mencionar en el ámbito social, los dos ciclos de reformas laborales efectuados en los períodos del Presidente Aylwin y Presidente Lagos, la reforma de la salud (Plan Auge) realizado durante el mandato de este último, y la reforma a la educación que ha atravesado a todos los gobiernos de la Concertación. Cierto, estas reformas no han dejado contentos a todos los actores sociales involucrados y, en el caso de la educación, aún no se perfilan los cambios estructurales esperados. Sin embargo, todas estas reformas han tenido un signo positivo en la medida que han logrado alterar en medida importante los rasgos más excluyentes del modelo heredado.

A contar de 1981 el sistema previsional chileno tuvo “manu militari” un cambio radical, se pasó de un sistema de pensiones basado en el principio de reparto a otro de capitalización individual, con la sola excepción de las Fuerzas Armadas que optaron por quedarse en el régimen antiguo. El sistema de pensiones por repartición es un seguro colectivo que está fundado en la solidaridad entre generaciones; los activos de hoy financian las pensiones de sus mayores, sabiendo que sus hijos financiaran las propias. En el sistema de pensiones según capitalización individual los trabajadores asalariados o independientes constituyen un capital gracias a sus ahorros que a su vez se destinan a las empresas nacionales o extranjeras por la vía de la compra que realiza la Administradora de Pensiones de activos financieros (bonos y acciones). En particular, los Fondos de Pensiones en Chile administraban a diciembre del 2005, 74.000 millones de dólares (66% del PIB). A su retiro los trabajadores reciben una renta, calculada en función del monto de capital acumulado y de su esperanza de vida. Con este sistema se puso fin a la solidaridad generacional.

En el sistema previsional basado en el principio de reparto, existe, además de un mecanismo de solidaridad generacional, un componente redistributivo pues los recursos son recolectados en general en función de los ingresos de la fuerza de trabajo, en tanto las prestaciones sociales que se cargan a este sistema (seguro de desempleo, salud, pensiones de invalidez y pensiones de vejez) son entregadas según el riesgo sufrido. En este sistema el vínculo entre cotización y prestación social no siempre es evidente, salvo talvez en el caso de la pensión de vejez pues allí esta última depende del tiempo de cotización y el salario percibido. Pero por ejemplo en el caso del seguro de desempleo, asociado al sistema de reparto, aún cuando los ejecutivos de empresas son menos tocados por el desempleo sin embargo cotizan de la misma manera que los obreros que sí tienen una mayor probabilidad de vivir una situación de desempleo. Con el sistema de la capitalización individual se abandona la noción de solidaridad generacional y los componentes redistributivo del sistema.

A 25 años del inicio del sistema chileno de fondo de pensiones las interrogantes son muchas. La primera es saber si los objetivos del modelo de previsión prometidos en los años 80 se han cumplido o no, en particular la meta de que el sistema podría generar a lo menos una pensión equivalente al 70% de las últimas remuneraciones imponibles. ¿Cuán competitivo es el sistema después de los movimientos de concentración que ha vivido? ¿Por qué se mantienen costos de administración tan elevados? ¿Por qué la cobertura es tan débil? ¿Por qué las pensiones de este sistema discriminan por género? ¿El sistema actual de previsión prolonga en las pensiones las desigualdades observadas en la vida activa? El sistema de capitalización extremo aplicado en Chile durante el régimen militar ¿es el más adecuado para generar un sistema de protección social que abarque el mundo laboral heterogéneo de la economía chilena? Las respuestas a estas interrogantes configuran un diagnóstico del sistema y a partir del cual se irán delineando las proposiciones técnicas que reformaran el sistema. La comisión recientemente formada está encaminada a esta tarea.

El propósito de estas breves notas no tiene nada que ver con el diagnóstico ni mucho menos con las técnicas de corrección del actual sistema de previsión. Más bien el objetivo es entregar dos antecedentes de orden general e históricos. El primero dice relación a lo que es el sistema de protección social en los países desarrollados y el segundo a las razones del colapso del sistema de previsión en Chile antes del actual sistema.

1.- Previsión social en el mundo desarrollado

El sistema previsional es parte sustantiva de lo que se denomina protección social y este último es un bien colectivo que en buena medida garantiza la cohesión social de toda sociedad desarrollada. Históricamente donde más lejos ha ido esta protección social es en Europa occidental, sobre todo después de la II Guerra Mundial. Más aún la protección social es un elemento fundador del famoso modelo social europeo con un sistema previsional de reparto que reúne recursos del sector asalariado y de las empresas, en general estos recursos son administrados por representantes de los asalariados y del sector empresarial. El derecho a la protección social en buena medida está vinculado a la obtención de un puesto de trabajo; así esta protección garantiza el ingreso del que no puede trabajar por razones de edad, enfermedad o fluctuaciones cíclicas de a economía.

En los últimos años la protección social europea ha sido discutida y amenazada en razón de su elevado costo. Factores demográficos explican parcialmente esta situación. En efecto, la esperanza de vida de la población activa es hoy mayor que la edad de jubilar de tal suerte que cuando el número de jubilados aumenta más rápido que el número de activos el sistema debe adaptarse por una cotización más elevada de los activos o bien el nivel de pensiones debe disminuir. Por otra parte la globalización ha intensificado la competencia especialmente de los países con menores salarios relativos, haciendo más difícil la cotización de la parte patronal. Los beneficios de la protección social han sido progresivamente extendidos al conjunto de la población. La reducción de la edad de retiro, así como los crecientes gastos de salud y la prolongada presencia de un elevado desempleo constituyen otras razones que explican la situación crítica por la que atraviesa la protección social en Europa. Para enfrentar esta situación los países europeos han introducido variadas reformas, como la disminución de la cotización patronal o limitaciones al subsidio al desempleo. Las prestaciones sociales que han ido tomando un carácter universal, es decir, aquellas que no son consideradas como un derecho adquirido por cotización, como es el caso de los gastos de salud es hoy asumida por la vía impositiva, en consideración de que la salud es un bien colectivo. También se han introducido sistemas de capitalización individual de carácter voluntario pero como complemento al sistema original y no como una sustitución del mismo.

Los países europeos se han negado a privatizar totalmente su seguridad social pues se arriesgaría con ello a terminar en un sistema dual donde los más acomodados recurrirían a los seguros privados, mientras que los más pobres obtendrían una protección de segunda, como es actualmente en Estados Unidos, donde el sistema es más desigual que el europeo sin ser menos costoso. En efecto, el gobierno de los Estados Unidos sólo aporta una ayuda pública en materia de salud a las personas de edad (Medicare) o a los más pobres (Medicaid), es decir, 14% de la población. El resto debe suscribir un seguro individual, que es generalmente proporcionado por el empleador y sólo 8% se asegura individualmente. Sin embargo, las empresas son cada vez más reticentes a ofrecer estos seguros de salud debido a un aumento muy rápido de sus costos. El año 2003, 45 millones de americanos, es decir, 16% de la población no disponía de ninguna cobertura en materia de gastos de salud. Sin embargo lo que es más notable es que en Estados Unidos, en lo que se refiere al sistema de pensiones existen tres modalidades: un régimen básico obligatorio, funcionando bajo el principio de repartición, al cual contribuían 110 millones de cotizantes (en la década del noventa) y que entregaba a 40 millones de beneficiarios alrededor de 50% de su salario bruto anterior. Un segundo régimen son los fondos de pensiones propuestos, en general, por las grandes empresas a sus asalariados, y que beneficia hoy a 44 millones de asalariados y jubilados. Estos son los beneficiarios de cerca de 31.000 fondos de pensiones privados financiados por las empresas y que actualmente registran un déficit de 350 mil millones de dólares. Por último está el régimen de ahorro voluntario en cuentas de capitalización individual, administrado hoy por organismos privados independiente de las empresas (existían 900 mil a fines de los noventas) y mueven sumas colosales de recursos que benefician a 65 millones de americanos. En síntesis, en el capitalismo desarrollado no existe una experiencia donde sólo tenga vigencia exclusiva un sistema previsional de capitalización individual.

2.- Del colapso del antiguo régimen de protección social

La opción por un sistema de previsión basado en la capitalización individual ocurrido en Chile durante el régimen militar no puede ser atribuida sólo a la sobreideologización de la época, en que el libre mercado y la sociedad de mercado hacen una sola idea. Según esta concepción la protección social es un asunto de responsabilidad individual. Lo cierto es que esta decisión se tomó en medio de una verdadera crisis financiera del sistema de previsión público precedente, el que siguiendo el principio de reparto, después de 50 años de desarrollo, se encontraba ad portas de una reforma profunda. En efecto, el sistema de seguridad social desarrollado en Chile se transformó con el tiempo en un conjunto de 40 regímenes de pensiones que ofrecían distintos beneficios. Este sistema se había extendido a casi dos tercios de la población. Sin embargo, tres eran las más importantes Cajas de Previsión, puesto que cubrían al 90% de los cotizantes, ellas eran: el Servicio de Seguro Social (para obreros), la Caja de Empleados Públicos y Periodistas y la Caja de Empleados Particulares. El trabajador y el empleador cotizaban simultáneamente en el sistema.

El descalabro financiero indicado, en buena medida, se debió a las presiones corporativas de grandes sindicatos y asociaciones de profesionales que lograban aprobar leyes de previsión diferenciadas para determinados grupos de presión. Estas leyes tuvieron una fuerte incidencia en los gastos previsionales de las Cajas beneficiadas sin que ellas estuvieran respaldadas en nuevas fuentes de financiamiento. Por otra parte, muchas cajas de previsión hacían sus inversiones en prestamos habitacionales de carácter social para los miembros asociados a las cajas, y que la inflación se encargó además en hacer más difícil su recuperación. Las Cajas con problemas de financiamiento comenzaron a demorar el trámite de las prestaciones y presionar al presupuesto fiscal para financiar situaciones deficitarias. Aprovechando esta situación, el Estado creo la Cuenta Única Fiscal que obligaba a depositar a las principales Cajas de Previsión sus ingresos lo que le fue permitiendo al Fisco hacer uso de estos recursos para resolver sus propios compromisos financieros.

No obstante las deficiencias indicadas del antiguo sistema de seguridad social, es justo también señalar que fue este sistema el que permitió hacer importantes transferencias redistributivas y alentó una cierta movilidad social. Particularmente las clases medias beneficiaron de este sistema en lo que se refiere al acceso a la vivienda y los trabajadores urbanos a la salud. Cabe recordar además que este sistema se hacía cargo no sólo de las pensiones de vejez, invalidez, pensiones mínimas sino también de asignaciones familiares, pensiones por accidentes del trabajo, subsidios de cesantía, prestaciones de salud, crédito hipotecario para socios, indemnizaciones y desahucios. Sin duda el desarrollo del sistema de protección social se había sobredimensionado respecto al tamaño y potencial de su economía.

Conclusiones: Primero, un sistema de previsión social único, exclusivo y obligatorio de capitalización individual no existe en el mundo desarrollado. Segundo, evitar la fractura social, es decir, la instalación de una desigualdad permanente en la sociedad, supone un sistema de protección social adecuado a dicho fin, pero el desarrollo de este está condicionado, entre otras cosas, a la capacidad política de transferir recursos de un sector a otro sin abortar el necesario crecimiento sostenido de la economía.

miércoles, marzo 22

Argentina: La herencia maldita, por Claudio Scaletta

En 1975, cuando las fuerzas que impulsarían el golpe militar del 24 de marzo de 1976 ya estaban desatadas, la Argentina era un país con un desempleo del 2,3 por ciento, donde el 10 por ciento más rico de la población obtenía doce veces más ingresos que el 10 por ciento más pobre. Desde mediados de siglo, la industria había triplicado su producto y aumentaba rápidamente su participación en las exportaciones totales. Los activos que los argentinos mantenían en el exterior, dato conocido hoy como “fuga de capitales”, alcanzaban los 3500 millones de dólares, y la deuda externa, cerca de 8000 millones. Desde 1965 el crecimiento económico se había mantenido en torno del 5 por ciento anual. Existía un estado de bienestar, con protección social para el trabajador y educación y salud públicas generalizadas. Se trataba de un modelo de país no exento de contradicciones, pero que había crecido con pleno empleo, relativamente igualitario y con perspectivas de movilidad social ascendente para la mayoría de su población. Tres décadas después el panorama es otro.
La brecha distributiva empeoró notablemente. El decil de la población de mayores ingresos obtiene 34 veces más recursos que el 10 por ciento más pobre. Luego de haber superado el 20 por ciento, el desempleo se encuentra por encima del 10. El desafío de los asalariados ya no es el ascenso social sino la inclusión. Tanto la salud como la educación pública sufrieron una fuerte pérdida de calidad. El endeudamiento externo y la fuga de capitales, que desde mediados de los ‘70 funcionaron como espejos, superan holgadamente los 100 mil millones de dólares. A pesar de la recuperación de los últimos tres años, el PIB per cápita se encuentra virtualmente estancado desde 1975. Desde entonces y hasta 2003, cuando la economía empezó a recuperarse, la baja del Producto por habitante fue del 0,12 por ciento anual. La producción industrial está más cerca del aprovechamiento de los recursos naturales a través de procesos capital-intensivos que de la inserción en los sectores dinámicos del comercio mundial. El número de empresas se redujo notablemente y alrededor del 80 por ciento de las 100 principales firmas de la economía son controladas por el capital extranjero.
¿Qué sucedió para que la estructura económica haya vivido una transformación tan radical?
Aunque las interpretaciones son variadas, existe un punto de consenso mayoritario. La inflexión, el quiebre, se produjo con la última dictadura, la que consolidó a sangre y fuego el programa esbozado por primera vez en 1975 por el ex ministro Celestino Rodrigo.
En su último libro, Estudios de Historia Económica Argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad, una edición conjunta de Flacso y Siglo XXI, el economista Eduardo Basualdo estudia las condiciones previas al golpe. La clave de su análisis se encuentra en el error de diagnóstico sobre la naturaleza del poder económico en el que habría incurrido el heterogéneo movimiento peronista que llegó al poder en 1973, desde Perón hasta las antagónicas corrientes revolucionaria y ortodoxa. La equivocación consistió en haber desdeñado el papel que continuaba jugando la vieja oligarquía, ahora ya no sólo terrateniente, sino diversificada hacia algunas ramas industriales y de servicios. En consecuencia, el nuevo gobierno peronista intentó reemplazar la vieja “alianza antioligárquica” entre los “sectores populares” y la “burguesía nacional”, expresión de una contradicción considerada superada, por una nueva en la que la industrialización sería conducida por la fracción dinámica de la burguesía local junto al capital extranjero, pero a diferencia de lo que había ocurrido con la experiencia “desarrollista”, reconociendo explícitamente la necesidad de una redistribución del ingreso a favor de los asalariados. En este camino “confluían el acuerdo entre la CGT y la CGE, la orientación de la promoción industrial y el intento de imponer el impuesto a la renta normal potencial de la tierra”. La nueva alianza daba por descontada la subordinación y redimensionamiento de la vieja oligarquía terrateniente, a la que se consideraba debilitada tras décadas de industrialización y extranjerización. Así, al mismo tiempo que se buscó el aumento de las exportaciones industriales para reemplazar el peso relativo del agro en la provisión de divisas, también se aplicó al campo un alto nivel de retenciones a sus exportaciones que llegó al 45 por ciento. El objetivo era asegurarse un buen resultado fiscal a la vez que un bajo precio interno de los bienes-salario, lo que favorecería tanto los costos de la industria como la distribución progresiva del ingreso.
El tiempo mostraría que haber minimizado el peso relativo de la vieja oligarquía resultaría un error fatal. Fue esta clase supuestamente debilitada la que, junto a sectores descontentos de la vieja alianza, locales y extranjeros, y al capital financiero internacional, tejería la nueva alianza que impulsaría el golpe militar.
Para el sociólogo Martín Schorr, el reemplazo de la “Industrialización Sustitutiva de Importaciones” (ISI) por un nuevo modelo de “valorización financiera y ajuste estructural” se produjo cuando la ISI aún no estaba agotada. A pesar de sus limitaciones y contradicciones, algunos números son representativos: en los diez años previos a 1975, mientras el PIB creció al 5 por ciento anual, la industria lo hizo al 7 por ciento. Además, mientras en 1960 las exportaciones industriales representaban el 3 por ciento del total, en 1975 alcanzaban al 20 por ciento, proceso que fue acompañado por aumentos continuos del empleo, los salarios, la productividad y el número de establecimientos industriales. ¿Pero si la ISI funcionaba relativamente bien, por qué el gobierno asumido en 1973 no pudo sostenerla?
Al respecto, Adolfo Canitrot consideraba ya en 1979 que la política económica de la dictadura que puso fin al modelo sustitutivo fue parte de un proyecto global de “disciplinamiento social”. La visión de los militares junto a la alianza civil que los acompañó, detallaba entonces el economista, fue que el sistema democrático “se había tornado ingobernable por la debilidad de las estructuras políticas y por el desborde de las corporaciones sindicales”, una lectura muy similar a la que todavía hoy adhiere la ortodoxia.
En consecuencia, “las Fuerzas Armadas aspiraban a reconstruir un cuadro de relaciones sociales que impidiera en el futuro la repetición de situaciones de crisis como la precedente, incompatible, según su entender, con los requisitos de la Seguridad Nacional en el contexto del enfrentamiento internacional con las fuerzas del comunismo”. Para Canitrot temas como el desarrollo y el crecimiento quedaron subordinados al objetivo político de reestablecer el “orden social”. “Si luego en los hechos las cuestiones económicas ocuparon un lugar principal, ello se debió a las ideas y procedimientos particulares que la coalición gobernante adoptó en la procura del disciplinamiento social.”
Sin embargo, los resultados económicos de naturaleza irreversible que quedaron en ese “lugar principal”, y que perduran hasta el presente, no fueron menores: se trató de la refundación del capitalismo argentino.
Las primeras medidas tomadas por la dictadora dan cuenta cabal del “disciplinamiento” caracterizado tempranamente por Canitrot, también llamado “revancha clasista” por Schorr y Basualdo. A través de la disolución de la CGT, la intervención de los sindicatos, la suspensión de las actividades gremiales y la supresión del derecho de huelga, se eliminó toda presión sindical. Ello permitió que en el decenio 1974-1983 el salario real sumara una reducción del 18 por ciento, al tiempo que la cantidad de obreros ocupados en la industria se reducía en más de la tercera parte y el volumen físico de la producción fabril caía el 10 por ciento. Así, la productividad laboral creció fuertemente sobre la base de la intensificación y extensión de la jornada laboral.
Al mismo tiempo se produjeron también cambios cualitativos en la estructura industrial. La apertura comercial y la reforma financiera de 1977 –la misma que dio lugar a la bicicleta financiera que alimentaría el endeudamiento externo que, a su vez, regularía hasta el presente el funcionamiento de la economía local– provocaron en la economía real el cierre de 20 mil establecimientos fabriles. El resultado fue que entre el ‘74 y el ‘83 la industria pasó del 28 al 22 por ciento del Producto.
Esta regresión tuvo resultados heterogéneos, mientras muchas pymes desaparecieron por su supuesta ineficiencia competitiva, un conjunto acotado de grupos económicos nacionales y conglomerados extranjeros pudieron aprovechar la coyuntura y crecer. Entre los primeros se destacaron Acindar, Agea, Alpargatas, Arcor, Astra, Bagó, Bemberg, Bridas, Bunge y Born, Celulosa Argentina, Fate/Aluar, Fortabat, Garovaglio y Zorroaquín, Ledesma, Macri, Pérez Companc, Roggio, Soldati, Techint y Werthein.
A esta reconfiguración en el marco de un marcado proceso de concentración económica se agregó también una nueva especialización productiva ligada a la explotación de los recursos naturales, en lo que se suponía la Argentina tenía “ventajas comparativas”: productos primarios, Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y unas pocas commodities industriales, generalmente ubicadas en las primeras etapas del procesamiento manufacturero. Muchos autores califican este proceso de reprimarización.
En conjunto, distribución regresiva del ingreso, desarticulación del aparato industrial, concentración, centralización de la propiedad, estancamiento del Producto, desocupación con exclusión, reprimarización, extranjerización y aumento sideral del endeudamiento externo con fuga de capitales sintetizan la herencia maldita dejada por la dictadura. Una herencia que condicionó y condiciona el funcionamiento de los gobiernos constitucionales que la siguieron y de la que la economía no ha logrado aún desprenderse.
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Publicado en Pagina 12.

miércoles, marzo 15

Socialistas (9), por Jorge Arrate


''Hoy soplan vientos distintos'' (*)
Reviso mi memoria para tratar de recordar las veces en que vi las orillas del camino de ingreso a Santiago desbordadas de gente, generosas en sus gritos, pletóricas de aliento popular. Recuerdo la multitudinaria bienvenida a Fidel Castro en 1971. Recuerdo el regreso a Chile de la “última exiliada”, Hortensia Bussi de Allende... Rememoro el traslado de los restos del propio Allende desde el Cementerio de Santa Inés, en Viña del Mar, al Cementerio General de Santiago, en 1990. El vehículo que lleva el féretro surca veloz -excesivamente veloz- la carretera, la Alameda, las calles del centro, como si temiera que el espíritu del cuerpo que acarrea fuera a inquietar en exceso los comienzos de la delicada transición. Un amigo europeo me pregunta si acaso hay temor a que secuestren el ataúd. Me impacta la idea e imagino el hecho: el cadáver, expropiado por tanto tiempo, es robado, como gesto de recuperación, y circulan luego rumores interminables sobre la tumba. Hay muchas tumbas, dicen, muchas, en diversos rincones de Chile… Vuelvo a la realidad: la transición camina a paso lento, el ataúd de Allende a toda velocidad. Y, sin embargo, es un gran avance ese funeral y el pueblo así lo siente.
Quizá si el 11 de marzo de este año algo de todo eso vibraba a las orillas de los caminos. Y también la algarabía popular que mis padres describían al recordar el triunfo de Aguirre Cerda en 1938. Y de la muchedumbre de octubre de 1988 y del triunfo, un año más tarde, del Presidente Aylwin. Michelle Bachelet, una mujer socialista, entró a Santiago, desde Valparaíso, representando eso y mucho más: una memoria, una historia, también un futuro. “Hoy soplan vientos distintos”, dijo Bachelet, en su primer discurso como jefa de un “gobierno de los ciudadanos”, de un gobierno de un Chile en que “no habrá ciudadanos olvidados”. “Ese es mi compromiso”.
¿Cómo se insertan los partidos políticos en ese “gobierno ciudadano”? Es una cuestión que surgió durante la campaña, cuando se avizoró, en la primera vuelta, una supuesta contradicción entre la “campaña ciudadana” y el rol de los partidos. La segunda ronda electoral subsanó desajustes: la relación más directa, sin intermediaciones, entre la candidata y la gente, y el despliegue territorial de los partidos y de sus militantes, convergieron positivamente. Pero, con las designaciones ministeriales y de otros altos cargos ha continuado la especulación periodística y de los círculos políticos respecto a cuál será efectivamente el rol de los partidos en el gobierno que recién se inicia. Mi impresión es que la respuesta deben darla los propios partidos. Es bien conocido que tienen actualmente bajos índices de estimación ciudadana, según las encuestas. Muchos, entre los cuales me cuento, sienten que los partidos han dejado de lado varios de los roles que, aún imperfectamente, asumieron en un tiempo pretérito -transmisores de cultura, pedagogos sociales, formadores políticos- para cumplir funciones más operativas, más apegadas al ejercicio del poder del Estado, con liderazgos fuertemente asentados en los medios de comunicación audiovisuales. Pero también muchos pensamos que, aún siendo entidades siempre imperfectas y sujetas a deformaciones ya clásicas, los partidos son uno de los cimientos del sistema democrático.
Entonces, su gran desafío es ajustarse a una sociedad que ha cambiado radicalmente en la forma como convive, como trabaja y como se comunica. Y a un gobierno que es distinto porque es más “ciudadano”. Los partidos que lo apoyan necesitan preguntarse cómo se reforman para contribuir a que, desde todos los escenarios posibles, se generen condiciones favorables al cumplimiento del programa de ese gobierno. En particular, esta tarea pareciera ineludible para el Partido Socialista, aquel al que pertenece la Presidenta y aquel que luchó por establecerla como candidata de la coalición y luego por su triunfo electoral. Se trata de un exigencia a todos los socialistas y debiera ser, constructivamente, el gran tema de las elecciones internas convocadas por la actual dirección, ya que ha optado por no realizar un Congreso partidario.
Pero un primer punto necesita ser despejado y clarificado: el apoyo del Partido Socialista al gobierno de Bachelet no debiera suscitar discusión. El PS se ha comprometido con un programa de cuatro años y eso significa que, sin perjuicio de planteamientos propios de un horizonte más extenso, a los que ningún partido político podría renunciar, el PS debe apoyar todo aquello que está en el programa y velar para que se cumpla tanto cuanto las circunstancias lo permitan. No cabe, salvo cambios muy evidentes de situación, promover objetivos que vayan más allá de los comprometidos. Hay que recordar que ninguno de los tres gobiernos de Concertación ha podido cumplir al cien por ciento su programa. Es claro que lograrlo no depende exclusivamente de la voluntad del gobierno y sus partidos. De esta manera, para ser preciso, de lo que se trata es que un gobierno haga efectiva y honestamente todo lo que esté a su alcance para cumplir sus metas y que, si no las logra, explique con transparencia la razón y no omita señalar los responsables de su no cumplimiento.
En este último aspecto los tres gobiernos concertacionistas, presionados por la necesidad de los votos de derecha en el parlamento, han optado por ser menos claros de lo que sería deseable. La derecha aparece siempre como “oposición constructiva” y termina votando a favor proyectos de ley que, en el decurso parlamentario, ha mutilado a su propio gusto. Mejor sería que la ciudadanía sepa claramente cuál ha sido su rol obstructor. Entonces, la pregunta crucial es: ¿cómo contribuye de la mejor manera el PS al éxito de su propio gobierno?
Obviamente ninguna persona puede dar respuesta a esta cuestión ya que, por su naturaleza, debe elaborarse colectivamente. ¿Se requerirá un partido más participativo, democrático y abierto que el actual, con menos síntomas de oligarquización, para estar en consonancia con un gobierno ciudadano, que quiere innovar en los métodos de gobernar y en su aproximación a las personas? La respuesta es obvia, pero habría que dar entonces pasos para poner término a las “corrientes” cristalizadas en grupos corporativos o mutuales y para garantizar la vigencia de las normas democráticas internas aprobadas legítimamente por los eventos partidarios. Debe también establecerse una voluntad y un espíritu “institucional” que ponga por encima de los intereses tendenciales el interés colectivo del partido como tal. Se hace necesario combatir el ensimismamiento partidario, ese hábito a generar los propios problemas y las soluciones entre un grupo reducido, la concentración en los temas estrictos de poder sin clara atención a los fundamentos y diferencias políticas. No es concebible un partido “internista” que pretende ser sostén principal de un gobierno “ciudadano”… ¿Cómo se fortalecen las ideas del programa y las del socialismo en la sociedad? Sin duda un gobierno necesita apoyos desde todas las instancias sociales organizadas. Es común sostener que hay que volcar al PS a la sociedad y no dejarse absorber totalmente por las preocupaciones de Estado. Pero volcarse a la sociedad, más allá de la buena intención, pareciera no bastar. Pienso que hay que hacer también el proceso inverso: traer sociedad organizada al interior del PS, pensar en cómo la fuerza social estructurada se expresa en el interior del partido. Sostengo que dirigentes locales o sociales plenamente legitimados por actos soberanos de sus organizaciones deben tener, si cumplen ciertas condiciones, una legitimación dirigente en el partido. ¿Cómo se impulsa una acción destinada a convertir al PS en sólido apoyo de gobierno y en protagonista social? Los socialistas demandan hoy a sus propios gobiernos avances de gestión y administración que no se imponen a sí mismos. Se precisa un plan con metas y tiempos de cumplimiento, sometido a un riguroso seguimiento, para dar saltos importantes en la formación política, el reclutamiento, el desarrollo de la presencia socialista en los sindicatos, en el mundo estudiantil, agrario, poblacional, femenino y, en general, en el mundo social. Sería deseable que, para estar a tono con un gobierno que impulsa políticas de igualdad también a nivel regional, el PS reconozca mayores grados de autonomía a sus organismos regionales. ¿Cómo se mantiene e incrementa el apoyo social y político a las medidas de cambio profundo que propone el programa de Bachelet?
Pareciera que no basta con el intenso diálogo al interior de la coalición o en un parlamento caracterizado por la exclusión de sectores democráticos. Un PS a tono con el nuevo gobierno debe dar curso, como ya lo ha hecho la Presidenta, a un diálogo político amplio, sin exclusiones, que le permita reaproximarse a la sociedad organizada y a las fuerzas políticas progresistas que no son parte de la coalición de gobierno. “Hoy soplan vientos distintos”. ¿También será así para el Partido Socialista?

lunes, marzo 13

América Latina y su mudable amor por la democracia, por Ludolfo Paramio

LUDOLFO PARAMIO es profesor de investigación en la Unidad de Políticas Comparadas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid.
Al hablar de la cultura política en América Latina se plantean dos cuestiones específicas. La primera es justamente si cabe pensar en una cultura política común a una región tan diversa, o al menos si existen rasgos comunes entre los diferentes países que justifiquen hablar de una cultura política distintiva frente a las existentes en otras regiones del mundo. La segunda pregunta se refiere a la capacidad explicativa o predictiva del comportamiento político que pueda tener la cultura política, y es la pregunta eterna sobre este concepto. Si la cultura política se forma como consecuencia de un contexto social y de una historia, si es una variable dependiente, entonces cambiará cuando cambie la sociedad. Pero, a la inversa, puede suceder que se convierta en un obstáculo al cambio social, que lleve a los miembros de esa sociedad a dar las respuestas equivocadas ante unas circunstancias cambiantes, y con ello a perder las mejores oportunidades que se les abran.La respuesta a la primera pregunta es fácil y bien sabida. Los latinoamericanos apoyan la democracia menos que los europeos o que los africanos, e igualmente muestran menos satisfacción con ella. Los datos de 2001 que presentó el Latinobarómetro eran bastante llamativos: el apoyo a la democracia (48%) era 30 puntos más bajo en América Latina que en Europa, y la satisfacción con ella (25%) era 29 puntos inferior a la que declaraban los africanos. Se pueden criticar las bases muestrales y la verosimilitud de los datos, pero parece indudable que aquí hay un problema, y a la vez que este problema justifica hablar de una cultura política latinoamericana diferenciada frente a la de otras regiones.Una primera hipótesis para explicar el menor apoyo a la democracia en América Latina podría referirse a la dilatada y en muchos casos reciente historia de autoritarismo en varios países de la región. Esta hipótesis debería conducir a una similitud con los datos procedentes de las nuevas democracias del este de Europa, pero esta similitud es muy relativa. Tomando en cuenta sólo los diez países del este que en 2001 se podían considerar realmente democracias electorales, un 55% de los ciudadanos valoraban positivamente este régimen, y además se mostraban optimistas sobre su evolución: un 69% tenía expectativas positivas sobre el futuro de sus gobiernos en un plazo de cinco años.
Por otro lado, el ejemplo de España muestra que la cercanía de un largo período autoritario no se traduce necesariamente en bajo apoyo a la democracia: en 1998, el apoyo era del 84%, y la satisfacción con ella del 71%. En general, aunque un mal gobierno también afecte estos indicadores en Europa occidental, se diría que los ciudadanos de esos países distinguen entre la democracia como régimen político y el ejercicio concreto de los gobiernos.En cambio, todo parece indicar que los latinoamericanos hacen depender su apoyo a la democracia y su satisfacción con ella de la opinión que les merecen los gobiernos, del grado de eficacia que perciben para resolver sus problemas y los problemas del país. Y, por cierto, su visión de la situación nacional y de su situación personal evoluciona de forma bastante paralela, al menos en el plano económico. El desplome del apoyo a la democracia en 2001, un pésimo año económico para la región, se hace especialmente perceptible comparándolo con la valoración que se tenía de las instituciones democráticas en 1997, el año de mayor crecimiento económico desde que se realiza el Latinobarómetro. Cabe hacer aquí una primera salvedad: si se considera el período 1996-2004 completo, y se toman 1997 y (sobre todo) 2001 como excepciones, el apoyo a la democracia es descendente (del 61 al 53%) pero la caída no es tan alarmante para unos años dominados por las dificultades económicas. Aun así, parece evidente que existe un problema en el hecho de que la impopularidad de los gobiernos arrastre a la propia democracia, disminuyendo su apoyo social y su valoración entre los ciudadanos. ¿Por qué se produce este fenómeno en América Latina en mucha mayor medida que en otras regiones?
Si descartamos que la razón fundamental sea una relativa inexperiencia democrática, podemos buscar las raíces en la extrema desigualdad de las sociedades latinoamericanas. En este punto se centraba el informe La democracia en América Latina (2004), del PNUD. Quizá lo más revelador sea la extendida convicción de que el gobierno está al servicio de una minoría privilegiada (71%), de que la acción democrática no es eficaz para defender los propios intereses, y de que los políticos persiguen ante todo sus fines, sin atender a los problemas sociales. Estos sentimientos son la expresión universal de la desafección hacia la democracia, pero parece lógico pensar que serán más profundos y más extendidos en las sociedades marcadas por una mayor desigualdad. Y éste es precisamente el caso de América Latina, la región socialmente más desigual del mundo.
Al hablar de la cultura política latinoamericana surgen inevitablemente algunos tópicos ya habituales: clientelismo, caudillismo, populismo. Se suelen entender como realidades culturales heredadas de la Colonia, que tendrían una existencia propia independiente de los cambios económicos, políticos o sociales. Ahora bien, supongamos que, en vez de pensar (sólo) en términos de una cultura transmitida de generación en generación, tratamos de explicar el clientelismo, por ejemplo, como una estrategia racional de los grupos con menores recursos para satisfacer sus necesidades. En una sociedad muy desigual, donde la mayoría no cuenta con los medios para cubrir sus necesidades básicas (trabajo, educación, salud), el apoyo a un patrón que a cambio puede dar acceso a esos recursos es una decisión bastante racional.
Esto resulta especialmente verosímil para las sociedades decimonónicas y el primer tercio del siglo XX, pero se podría pensar que esa estrategia habría quedado superada en la fase de modernización y desarrollo que comienza en los años cuarenta. Sin embargo, la sociedad dual que se formó en el período de posguerra sólo condujo a un desdoblamiento de la estrategia clientelar. Junto al clientelismo tradicional, que se mantuvo en las zonas atrasadas o entre las poblaciones excluidas de las grandes áreas metropolitanas, surgió un clientelismo moderno en el que el acceso a los bienes públicos venía mediado por la pertenencia a un sindicato, la vinculación a un puntero político; en suma, por la inclusión en una red clientelar ligada al desarrollo estatista.
Difícilmente podía ser de otra manera, ya que los bienes públicos eran insuficientes para garantizar en la práctica derechos universales, y el peculiar racionamiento de esos bienes tomó la forma de un intercambio particularizado de apoyo político o sindical a cambio del acceso a ellos. Eludir el clientelismo equivalía a renunciar a esos bienes en ausencia de posibilidades reales de obtenerlos en el mercado. El desarrollo y el bienestar de la posguerra eran fenómenos segmentados y socialmente insuficientes, y la única forma de beneficiarse con ellos era incluirse en una red, que para la inmensa mayoría de la población sólo podía ser de tipo clientelar. En condiciones de extrema desigualdad, y a menudo de gran riqueza, también era bastante previsible que la opción política por la inclusión tomara la forma del caudillismo populista.
Los nuevos caudillos del siglo XX necesitaban una legitimación social de masas, y la vía para alcanzarla era la redistribución segmentada. Un ejemplo notable es la política social de Getulio Vargas, que dejaba fuera a los trabajadores del campo, no sólo para evitar el conflicto con los terratenientes sino sobre todo porque la base social de apoyo que buscaba eran los trabajadores urbanos. El populismo, entonces, no fue una herencia cultural del caudillismo decimonónico, sino una estrategia racional de poder.La inevitable pregunta es cómo se han visto afectadas estas estrategias por la modernización económica de los años noventa. Los ajustes primero y la reforma neoliberal del Estado después produjeron una reducción muy significativa de los recursos públicos, y en particular del empleo en ese sector, que pasó del 15,7% en 1980 al 13% en 1999, pero también de los servicios a los que tradicionalmente tenían acceso privilegiado los sectores medios urbanos. Esto condujo a un reforzamiento del clientelismo tradicional y a una crisis del clientelismo moderno, que se traduce en exasperación y movilización de esos sectores medios, que ahora deben competir por recursos más escasos o simplemente ven desaparecer la posibilidad de acceder a ellos.
La frustración de los sectores medios se hace visible cuando la crisis posterior a 1997 quiebra las expectativas creadas por el crecimiento económico durante los primeros años noventa, en los que había disminuido el desempleo abierto y la reducción de la inflación había generado una sensación de bienestar. La crisis también provocó una fuerte demanda de políticas clientelares, que, de acuerdo con la nueva ortodoxia económica, adoptarían la forma de programas sociales focalizados. Como sabemos, la coincidencia de las movilizaciones de las clases medias con las de los sectores excluidos ha tenido consecuencias políticas serias en varios países de la región, incluyendo la salida precipitada de un número significativo de gobernantes democráticamente electos.
Si este análisis esquemático es en alguna medida acertado, el malestar democrático de la región sería fruto de la incapacidad de los gobiernos para ofrecer alternativas modernas al clientelismo. La desigualdad crea de antemano una distancia entre gobernantes y gobernados, que sólo se resuelve parcialmente en la medida en la que aquéllos garantizan el acceso a los recursos públicos. Una vez que se produce el giro hacia el mercado, y que la posibilidad de ofrecer esos recursos a cambio de legitimidad desaparece o disminuye de forma sustancial, la desconfianza hacia los gobernantes crece amenazadoramente cuando el mercado se muestra adverso. Según este razonamiento, la clave para resolver el problema de la desafección (cultural) hacia la democracia no está tanto en mejorar el diseño de las instituciones como en desarrollar políticas sociales universales que ofrezcan una alternativa a las estrategias clientelares tradicionales o modernas. En este aspecto, sin embargo, la reforma de la administración y de las instituciones estatales desempeña un papel fundamental: no se pueden llevar a cabo políticas sociales no clientelares con instituciones enraizadas en la cultura del clientelismo. Las ciudadanos de menores recursos, como subrayaba el informe del PNUD, sienten que no reciben un trato adecuado por parte de la administración porque son pobres e incultos, y porque ella está al servicio de los poderosos. Mientras la única forma de saltar ese obstáculo sea el cohecho, éste se convertirá en la norma también para los ciudadanos con mayores recursos, y la legitimidad democrática se apoyará en una noción ficticia de ciudadanía. La desconfianza de los gobernados hacia los gobernantes disminuye cuando el crecimiento se reanuda, pero la desigualdad conduce a que la desconfianza se convierta en la regla del juego en la vida social. La confianza interpersonal de las sociedades latinoamericanas es muy baja, y se establece en el marco de la familia extensa. No es extraño entonces que los vínculos de amistad y familiaridad propios del clientelismo hayan sido históricamente la forma de relacionarse con el poder y con los recursos públicos. Para salir de ese círculo vicioso se necesitan políticas públicas duraderas y estables que ofrezcan una alternativa universalista a los intercambios particularizados propios del clientelismo.
Por otra parte, de la misma forma en que las instituciones arraigadas en la lógica clientelar mal pueden desarrollar políticas universalistas, los partidos políticos anclados en esas prácticas y marcados en su identidad por ellas no están en condiciones de cambiar la lógica vertical del clientelismo por la lógica horizontal de la acción colectiva democrática. Muchas sociedades latinoamericanas atraviesan hoy una crisis de adaptación de los partidos políticos a nuevas circunstancias, y la mayor parte de ellos no parecen ser ni siquiera conscientes de la situación.
En este sentido, cabe temer que la cultura política heredada dificulte el desarrollo de una nueva política y una nueva cultura democráticas, y que se mantenga la añoranza de gobernantes fuertes –aunque no necesariamente bajo la modalidad militar y autoritaria del pasado– con los que se puedan restablecer los vínculos verticales de antaño. Para salir de esta dinámica perversa no sólo hacen falta políticas públicas diferentes, sino sobre todo partidos políticos distintos, que escapen a la tentación de improvisar hiperliderazgos coyunturales y se planteen crear otra cultura política. No es una tarea fácil.

viernes, marzo 10

Socialistas (8), por Jorge Arrate

Bolivia
El Partido Socialista, desde su nacimiento, explicitó una gran ambición: propugnar “la unidad económica y política de los pueblos de Latinoamérica, para llegar a la Federación de las Repúblicas Socialistas del Continente y la creación de una economía antiimperialista”. El emblema partidario -un hacha araucana sobre el mapa de América Latina- y su himno -la “Marsellesa Socialista”, una adaptación del cántico de la Acción Popular Revolucionaria Americana (APRA) del Perú- revelan esa vocación continental y también la importante influencia del pensamiento americanista de Víctor Raúl Haya de la Torre y de los apristas exiliados en Chile en la naciente organización. En 1947 la Fundamentación Teórica del Programa, obra de Eugenio González, reitera el concepto fundacional: “Para que la América Latina pueda influir en la conservación de la paz y en el destino de la civilización es necesario que deje de ser una expresión geográfica y se convierta en una realidad política”. La adhesión socialista chilena al horizonte bolivariano sufrió los embates y vaivenes de los tiempos. Sin abandonar la utopía de sus fundadores, la intensidad del compromiso ha sido variable. Pero esa herencia mantiene vivo un espíritu que singulariza al Partido Socialista y que es trasfondo de episodios históricos. Así ha ocurrido con Bolivia. Bolivia ha estado presente en diversos momentos de la vida socialista chilena, desde el Primer Congreso de Partidos Democráticos y Populares de América Latina, convocado por el PS de Chile en 1940, en el que se propuso que cada país aprobara una ley de “ciudadanía latinoamericana” y al que, según registra Jobet, concurrió un representante del Partido Izquierdista Revolucionario (PIR, el primer partido marxista de masas que existió en Bolivia). Las relaciones políticas con fuerzas bolivianas fueron intermitentes y alcanzaron vigor a fines de los sesenta y comienzos de los setenta cuando el escritor y dirigente socialista boliviano Marcelo Quiroga Santa Cruz fundara el PS-1 de Bolivia. Quiroga vivió parte de su infancia y adolescencia en Chile y posteriormente, exiliado luego del derrocamiento de Juan José Torres, hizo clases en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. El PS-1 boliviano reflejó en su estilo y bases doctrinarias una influencia del PS chileno de aquellas épocas. Marcelo Quiroga regresó a Bolivia clandestino en 1977 y tres años más tarde fue asesinado por una banda de paramilitares. Hasta ahora no ha sido posible recuperar sus restos. Vivió en Chile durante el período de la Unidad Popular y viajó a Argentina dos meses antes del golpe de septiembre de 1973. Preguntado allí sobre sus perspectivas políticas dijo la siguiente hermosa frase, que sin duda compartirían los chilenos y bolivianos socialistas o de izquierda: "Lo que he realizado y voy a realizar guardará estricta consecuencia con un objetivo final: la sustitución de un régimen de explotación por otro en el que la justicia social sea posible”. En este recorrido necesariamente incompleto de la memoria socialista sobre Bolivia es indispensable recordar el impacto del triunfo del MNR en 1953. En Reencuentro con mi Vida, sus memorias, Clodomiro Almeyda revivió el acontecimiento: “Nuestro partido mostró gran interés por la Revolución Boliviana de 1952 (…) Valoramos desde un comienzo la trascendencia de la empresa acometida por el Movimiento Nacionalista Revolucionario desde el Poder, con su nacionalización de las minas, la reforma agraria, el frustrado intento por transformar sus fuerzas armadas y la promoción del elemento indígena de Bolivia a un protagonismo nacional”. Oscar Waiss en Nacionalismo y Socialismo en América Latina, impreso en la editorial partidaria “Prensa Latinoamericana”, opinó mientras los hechos ocurrían: “En Bolivia se viven los días apasionantes de la experiencia revolucionaria que nacionalizó las minas”. Raúl Ampuero, entonces a la cabeza del Partido Socialista Popular, y Carlos Altamirano viajaron a Bolivia y otro tanto hizo Salvador Allende. Los “retrocesos posteriores”, usando los términos del propio Almeyda, causaron desazón. Sin embargo, la experiencia política más intensa entre socialistas chilenos y bolivianos, la de mayor contenido americanista, ocurre a propósito de la tentativa de Ernesto Guevara de constituir un “foco” guerrillero en Ñancahuasú, en las selvas bolivianas, con la intención de proyectarlo hacia el cono sur de América Latina. Chile es elegido para ser base de comunicaciones y abastecimiento y la sección chilena del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Boliviano se comienza a crear al interior del Partido Socialista de Chile. Entre sus primeros integrantes destacados están Beatriz Allende, Elmo Catalán, asesinado en La Paz en 1970, Arnoldo Camú, abatido por la dictadura de Pinochet en 1973, y algunos dirigentes sindicales socialistas de la mina de Chuquicamata. Derrotado y muerto el Ché, un puñado de cubanos sobrevivientes son rescatados por la sección chilena del ELN y Salvador Allende los acompaña hasta Tahiti para entregarlos al Embajador de Cuba en Francia. Pero la guerrilla del Ché continuará. Inti Peredo, su nuevo jefe, se traslada a Chile y, luego, en 1969, Elmo Catalán se instala en Cochabamba como miembro del Estado Mayor del ELN boliviano. Inti muere en combate ese mismo año y la posterior reconstrucción de la guerrilla, esta vez en Teoponte, conduce a una nueva derrota. Sólo tres de una docena de chilenos participantes logran sobrevivir y regresar a Chile. Los lazos entre socialistas chilenos y bolivianos se desarrollan también durante el exilio, a partir de 1973, en Argentina y México, entre otros países. Pudiera decirse, como conclusión provisoria, que Bolivia ha sido uno de las naciones que más espacio ha tenido en el imaginario y acción del socialismo chileno. La cuestión del mar no ha sido obstáculo para que se expresen las grandes coincidencias políticas, vigentes con particular fuerza en diversos momentos de los últimos setenta años. Sin embargo, esas grandes coincidencias no han sido suficientes para empujar con eficacia una solución satisfactoria a la lacerante cuestión del enclaustramiento marítimo boliviano. Las fuerzas políticas viven en la sociedad en que nacen y se desarrollan y son a ella, en último término, lo quieran o no, tributarias. Las visiones de izquierda no están libres de la pertenencia a la estructura social y cultural a la que corresponden, que las sostiene y también las contamina. Por eso el nacionalismo ha sido un factor decisivamente condicionante en el tratamiento que Chile y Bolivia se han dado recíprocamente y ha restringido los márgenes de movimiento de las organizaciones políticas de izquierda. Desde el desplazamiento de la dictadura en Chile, las fuerzas democráticas gobernantes, entre ellas los socialistas, no han dado pasos decisivos tras una solución a la aspiración marítima boliviana. El hecho, en diversos momentos, ha provocado desencanto en las vertientes y personeros progresistas que han participado en los gobiernos bolivianos. Del mismo modo, el progresismo chileno ha observado con inquietud la inestabilidad de cualquier tratativa, siempre sometida a los avatares que impone el nacionalismo y la debilidad tradicional de los gobiernos altiplánicos. En un libro reciente, El Largo Conflicto entre Chile y Bolivia, del socialista Luis Maira y del boliviano Javier Murillo, Maira formula un riguroso levantamiento de los datos históricos relevantes y de las circunstancias de los cuatro intentos principales realizados por la diplomacia destinados a enfrentar la cuestión del mar y propone un enfoque lúcido y trascendente para avanzar en su solución. Los socialistas chilenos y otros partidos de izquierda han sustentado claramente su apoyo a un acuerdo que tendría trascendencia histórica y que podría modificar la atmósfera latinoamericana y las perspectivas continentales de desarrollo económico en un sentido aún más favorable a las posiciones integracionistas. Hoy 10 de marzo el Presidente de Bolivia, Evo Morales, inicia su visita a Chile para asistir a la asunción de Michelle Bachelet como Presidenta. Es un motivo de alegría y de esperanza. El acto popular que habrá de acogerlo es un gran momento de confraternidad. Carecen de sentido las inquietudes fundadas en que el evento significaría restar protagonismo a la investidura de la nueva Presidenta. Se trata de cuestiones distintas que no tienen por qué considerarse contrapuestas o excluyentes. Por el contrario, los socialistas deben celebrar la visita y augurarle un buen resultado, en consonancia con lo que han sido las resoluciones de sus Congresos recientes. Es preciso ser realista, pero sin perder el empuje. Es decir, realistas con el razonamiento, esperanzados y exigentes con el espíritu. Hace más de medio siglo el Presidente de Chile visitó Bolivia y Clodomiro Almeyda, en una columna de prensa, valoró enormemente el significado de esa visita y señaló un camino: “Las cuestiones chileno-bolivianas de toda índole sólo hallarán su solución orgánica en la medida que se juzguen y resuelvan sobre el telón de fondo de la progresiva complementación y entendimiento entre ambos países”. Han pasado más de cincuenta años y el camino sigue abierto. Al punto que el párrafo final del texto de Almeyda pareciera escrito hoy: “Por eso América espera de Bolivia. Espera que el sordo rumor que se advierte en medio del collar de volcanes del Altiplano madure y dé sus frutos, encontrando su verdadera y auténtica réplica en todos los demás escenarios latinoamericanos, cada uno de los cuales tiene su palabra que decir y su tono que imprimir a la verdadera historia nuestra, que recién ahora está comenzando”.

miércoles, marzo 8

El choque de las filosofías, por André Gluksmann

EL PAÍS

Será signo de los tiempos, pero bastaron 12 caricaturas en un periódico para que los 25 países de la Unión Europea se vieran inmersos en una extraña confusión intelectual y política. ¿Hay que condenar a Dinamarca o ser solidarios con ella? ¿Es conveniente "entender", incluso agradar a los islamistas que gritan "¡A muerte!"? La Unión Europea apuesta por la desunión. Prácticamente, todos los gobiernos intentan sacar provecho, París o Londres no son Copenhague ¡qué diablos! Teóricamente, la confusión mental está en su apogeo: ¿dónde empieza el respeto a las opiniones de los otros, y hasta dónde llega la libertad de criticar? Las cancillerías están satisfechas con el mínimo denominador común y sugieren que no conviene quemar embajadas. Delante está el manifestante fanático, con la antorcha en mano, que responde: ¿quién ha empezado? Vosotros me habéis calentado la cabeza y yo me limito a prender fuego a vuestras residencias, a vuestros despachos y a vuestras banderas. ¡Admirad mi docilidad!
La confusión y la cacofonía de los europeos alimentan la demagogia. Cincuenta y seis naciones de la "conferencia islámica" han intentado imponer a la ONU, en nombre de los derechos humanos, una legislación contra "la difamación de las religiones y de los profetas". Lo que está en juego es importante. El derecho a expresar opiniones, aun siendo chocantes, y a poner en duda los tabúes religiosos, sexuales o sociales, aunque fueran éstos mayoritarios, son avances que el humanismo clásico y la democracia moderna han pagado muy caro. Una censura supraestatal, al gusto de las múltiples autoridades morales y religiosas, significa un gran retroceso. Sólo puede imponerse bajo la amenaza, sería aceptado por voluntad de apaciguamiento y de sumisión.
La escalada sigue su curso. La campaña anti-caricaturas empezó contra un periódico, luego se dirigió contra Dinamarca, que apela a la libertad de prensa, y en lo sucesivo contra toda Europa, a la que se acusa de utilizar dos varas de medir. ¿No está consintiendo la UE que se ofenda impunemente al profeta mientras que prohíbe y condena otras "opiniones" como el nazismo o el negacionismo? ¿Por qué está permitido reírse de Mahoma y no del genocidio de los judíos?, se preguntan vociferantes los integristas y organizan un concurso de dibujos humorísticos sobre Auschwitz. Estamos en un toma y daca: o bien hay que permitirlo todo en nombre de la libertad de expresión o bien censurar de manera equitativa lo que afecta a los unos y lo que irrita a los otros. Muchos de los que defienden el derecho a hacer caricaturas se dan cuenta de que han caído en una trampa. En nombre de la libertad de expresión, ¿se mofarán de las cámaras de gas?
¿Falta de respeto contra falta de respeto? ¿Transgresión contra transgresión? ¿Hay que poner al mismo nivel la negación de Auschwitz y la desacralización de Mahoma? Aquí se oponen dos filosofías de manera fundamental. Una dice que sí, que se trata de dos "creencias" parecidas, de las que se hace escarnio por igual; no hay diferencias entre la verdad de hecho y la profesión de fe; la convicción de que tuvo lugar el genocidio y la certeza de que el arcángel Gabriel iluminó a Mahoma son del mismo orden. La otra dice que no, que la realidad de los campos de la muerte es del orden de las constataciones pero que el profeta sea sagrado no lo es, porque se basa en el compromiso de los fieles. La filosofía occidental se fundamenta en la distinción entre lo factual y la creencia. Ya Aristóteles separa, por una parte, el discurso indicativo ("apofántico"), apto para la discusión con el fin de llegar a una afirmación o a una negación, y por otra los rezos. Estos últimos no son discutibles porque no constatan nada, sino que imploran, prometen, juran y decretan; no persiguen una información sino una interpretación (De Interpretatione IV). Cuando el islamista fanático declara que los europeos practican la "religión de la Shoah", como él la de Mahoma, está suprimiendo la distinción entre el hecho y la creencia; para él, sólo existen creencias, así que Europa favorece de manera hipócrita a unas contra otras.
El discurso civilizado, sin distinción de raza ni de confesión, analiza y circunscribe verdades científicas, verdades históricas yestados de hecho que no se basan en la fe sino en el conocimiento. Podemos considerarlas profanas o de menor dignidad, pero ello no impide que no se confundan con las verdades de la religión, ya seamos chiitas, sunitas, cristianos, judíos, budistas o agnósticos. Nuestro planeta no es víctima de un choque de civilizaciones o de culturas, es el lugar elevado de una batalla decisiva entre dos métodos de pensamiento. Están aquellos que declaran que no hay hechos sino solamente interpretaciones que son cuando menos actos de fe. Éstos caen o bien en el fanatismo ("yo soy la verdad") o bien en el nihilismo ("nada es verdadero ni falso"). Del otro lado, están aquellos para los que el debate libre con la finalidad de separar lo verdadero de lo falso tiene sentido, de modo que lo político, como lo científico o el simple juicio pueden resolverse a partir de datos profanos que son independientes de las opiniones arbitrarias y preestablecidas.
Un pensamiento totalitario no soporta que le lleven la contraria. Es dogmático, hace afirmaciones levantando el pequeño libro rojo, negro o verde. Es obscurantista, mezcla la política con la religión. En cambio, los pensamientos antitotalitarios dan los hechos por hechos e incluso reconocen los más repugnantes, aquellos que por comodidad o porque nos angustian preferiríamos ocultar. El descubrimiento del Gulag hizo posible la crítica y el rechazo del "socialismo real". La consideración de las abominaciones de los nazis y la apertura muy real de los campos de exterminio convirtieron al europeo a la democracia después de 1945. En cambio, rechazar las verdades más crueles de la historia es el anuncio de una vuelta a la crueldad. Aunque no sea del agrado de los islamistas -que están muy lejos de representar a los musulmanes- no se mide igual la negación de hechos demostrados como tales y la crítica verbal o dibujada de múltiples creencias que cada europeo tiene derecho a cultivar o a burlarse.
Desde hace siglos, Júpiter o Cristo, Jehová y Alá han sufrido muchas bromas y muestras de falta de respeto. Por lo demás, en este juego los judíos son los mejores críticos de Yahvé, incluso lo han convertido en una especialidad. Esto no impide que el verdadero creyente de cualquier confesión crea y deje vivir a los que no piensan como él. Éste es el precio de la paz religiosa. En cambio, bromear sobre las cámaras de gas, divertirse a costa de mujeres violadas y bebés descuartizados, santificar las decapitaciones filmadas y las bombas humanas anuncia un futuro insoportable.
Ha llegado el momento de que los demócratas recuperen la razón y el Estado de derecho sus principios; tienen que recordar con solemnidad y solidaridad que de ninguna manera una, dos, tres religiones y cuatro o cinco ideologías decidan lo que el ciudadano tiene derecho a decir o a pensar. No se trata sólo de la libertad de prensa, sino del permiso de llamar gato a un gato y a una cámara de gas un hecho abominable, abominable cualesquiera que sean nuestras creencias y nuestra fe. Se trata del principio de toda moral: en esta tierra, el respeto a los individuos empieza por la duda universal y el rechazo común de los más flagrantes ejemplos de inhumanidad.
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André Glucksmann es filósofo francés. Traducción de Martí Sampons.

martes, marzo 7

Socialistas (7), por Jorge Arrate

Cultura, democracia y mercado

Es posible mirar la sociedad desde diversos puntos de vista, asomarse por distintos ventanales a examinar la playa y el horizonte. Uno de ellos, básico para los socialistas, es el de la cultura, entendida como maneras de convivir. Si se observa Chile desde esa perspectiva se puede comprobar que la transición democrática ha significado más libertad para los chilenos y más derechos básicos. Hay además otros logros, en los planos económico y social, que destacan a nuestro país en la comparación internacional. Se trata de avances conseguidos en un cierto marco, bajo las reglas de un determinado sistema.

Pero, en ese cuadro, la democracia ha debido inclinarse demasiadas veces ante la fuerza del mercado. El sabor a "sociedad mercantilizada" que marcó nuestro fin de siglo y rubrica los primeros años del siglo XXI es inconfortable o, muchas veces, insoportable. Las "transiciones" son, por definición, un tejido de negociaciones y pactos, a veces tácitos, a veces subterráneos, muchas veces difíciles de comprender para el ciudadano común. Por eso siempre dejan espacio para propuestas que, más audaces o menos impuras, son más atractivas aunque pudieran no pasar el test de la viabilidad, el riguroso cedazo de las posibilidades. Las transiciones se caracterizan por un realismo opaco que una parte no despreciable de la ciudadanía tiende a celebrar con alborozo. Para otro segmento es el caldo de cultivo del desencanto. Ese realismo ha alcanzado en Chile límites grotescos. Obstaculiza severamente la posibilidad de imaginar opciones que no sean la consagrada por el sentido común dominante y ridiculiza o desprecia todo pensamiento alternativo. Es un sentido común que ha ganado la delantera y que se caracteriza por resolver las contradicciones entre democracia y mercado a favor de este último.

La opacidad consustancial a las transiciones no legitima la resignación. En medio del gris, las transiciones pueden dar lugar a grandes destellos, abrir nuevas dinámicas, suscitar procesos. Eso es lo que las justifica. Por eso ser conformistas y renunciar a las posibilidades que las transiciones abren constituye una renuncia deplorable. De allí que sea indispensable plantearse una opción cultural: ¿cómo hacer Chile más democrático en sus formas de vida y menos mercantil? No es una pregunta desmedida, es algo posible.

Incluso con las limitaciones propias de un sistema político que es imperfectamente democrático y perfectamente excluyente y de una sociedad y una economía que funcionan sobre la base de extremas desigualdades, es posible generar desplazamientos culturales. En esa dirección el nuevo gobierno encabezado por la socialista Michelle Bachelet ha marcado, incluso antes de asumir, a lo menos dos líneas que dicen relación con lo que Norbert Lechner habría denominado “los desafíos culturales de la política”: el respeto por la memoria como expresión del ser, como “alma del alma”, una; la reivindicación de la igualdad social de la mujer, la otra.

“No habrá olvido”, la frase clara dicha frente a la tumba de Tucapel Jiménez, cuyo degollador había sido indultado meses antes, la designación de un aviador largamente preso y duramente torturado en la Subsecretaría de Aviación y la entrega del pasaporte chileno junto a la invitación para participar en la transmisión del mando al general (R) Sergio Poblete, configuran un avance importante. Parecen haber quedado atrás las invocaciones a la “reconciliación” que caracterizaron el primer decenio concertacionista, generalmente acompañadas de un subliminal discurso a favor del olvido, y los “gestos” ambiguos o contradictorios. Si a ello se suma la declaración del Comandante en Jefe del Ejército quien, expresamente, ha señalado la necesidad de justicia en materia de derechos humanos y ha descartado tratamientos de privilegio para los violadores, es evidente que, en pocos días, tenemos un nuevo panorama en esta delicada área. No se trata de azuzar odiosidades, sino de reestablecer la razón más elemental y la ética en que se funda: la convivencia pacífica y el reencuentro, en el marco de los conflictos que no pueden eludir sociedades como la nuestra, son más factibles si hay justicia y no hay olvido.

En segundo término, las nuevas designaciones de la cúpula gubernamental han mostrado la firme decisión de dar un salto cultural en la cuestión de género. Paridad en ministerios, subsecretarías e intendencias, nuevamente el nombramiento de una mujer en el Ministerio de Defensa, designación de una mujer como Subsecretaria de Marina, aquella rama de las fuerzas armadas que ha sido renuente a la inclusión de mujeres en esferas significativas del quehacer institucional. Se trata de un cambio mayor y de un gran desafío cultural, porque desafía los esquemas conservadores y, además, porque la paridad de género amaga también los intereses económicos.

Efectivamente, una política de género como la que se impulsa por el nuevo gobierno es un gran avance democrático por su contenido ético igualitario. Pero enfrenta, como ocurre con la mayoría de las propuestas de cambio social, la contradicción entre democracia y mercado a la que me refería al comenzar estas líneas. Así, mientras el gobierno reconoce y proclama la igualdad social entre hombres y mujeres, el mercado castiga fuertemente los salarios femeninos en comparación con los masculinos, el mundo privado discrimina a la mujer en las contrataciones laborales, la forma de financiamiento de las salas cunas deja en desventaja a la mujer trabajadora y el sistema previsional contiene sesgos antifemeninos.

Seguramente algún hábil conocedor de la teoría económica neoclásica, a lo mejor de la propia Concertación, podrá explicar que el diferencial de salario tiene que ver con la maternidad, con el cuidado de los hijos y con otros factores, ninguno de los cuales dice relación con la capacidad, el talento o la disposición para el trabajo. El mercado es cruel, dijo un ex Presidente. Y la teoría económica que ensalza sólo sus virtudes, también. Sus seguidores a pies juntillas lo son o, al menos, deben serlo si no quieren perder su propio trabajo como ejecutivos. La empresa debe maximizar utilidades, ese es su objetivo.

El problema es que esa lógica ha campeado con demasiada libertad en el período post dictatorial. El mercado, ampliado y fortalecido durante la dictadura, y la democracia emergente luego del plebiscito no han logrado saldar sus contradicciones de un modo socialmente constructivo. Durante la transición un tono mercantil se ha apoderado de los modos de vida, o sea de la cultura, y tiende a invadir y desvirtuar las instituciones democráticas. El mercado ha penetrado casi todos los ámbitos de la existencia de los chilenos y de mala manera.

Que los actores políticos de derecha acepten este hecho y lo estimulen no debe sorprender: ellos evalúan positivamente las diferencias que el mercado administra, aún las grandes diferencias como las que existen en Chile, o las consideran resultado necesario del despliegue de lo que es su concepción del ser humano. Darán batalla para que la equidad de género no introduzca “distorsiones” en el funcionamiento del mercado… En cambio, es de esperar que la Concertación y las fuerzas sociales y políticas de izquierda jueguen un rol activo en ponerle al mercado los límites y las reglas que requiere para que predomine la razón democrática por sobre la razón mercantil.

Cultura, democracia, mercado. Cultura más democrática o cultura más mercantil. Sociedad democrática o sociedad de mercado. Una gran tarea del socialismo contemporáneo es construir propuestas sobre estas opciones y convocar en torno a ellas a múltiples energías sociales, hurgar en los intersticios de la contradicción inevitable entre el mercado sin regulaciones suficientes, que endiosa la derecha, y la democracia fundada en la idea de igualdad.